Por colocar adhesivos, pancartas, cartelería, banderas, realizar pintadas y colgar lazos amarillos. El movimiento independentista compareció ayer en el Raval de Montserrat para denunciar que el Ayuntamiento de Terrassa ha emprendido una campaña de "multas políticas" contra el independentismo local. Aseguran que acumulan sanciones administrativas por "actos simbólicos, pacíficos, que no revisten gravedad" y anuncian que "no pagaremos ni una más".
Representantes de los CDR, de Solidaritat Antirrepresiva de Terrassa (SAT), de los colectivos feministas Rudes Rebels y Quart Creixent y de centros sociales okupados como el Kasalet comparecieron ayer el atrio del Ayuntamiento para denunciar lo que entienden es una campaña municipal "para criminalizar la disidencia", con "ataques" individualizados. "Pretenden desactivarnos personalmente porque afectan a lo económico. También colectivamente, porque actuamos solidariamente y además evitan que ese dinero vaya a la luchas".
Los colectivos, que contaron en el Raval con el apoyo de la ANC, denunciaron que el Ayuntamiento impone "sanciones no fundamentadas, con la única prueba de la palabra del policía municipal". En las intervenciones, aseguran, ni se les identifica ni se les requisa material. "Es posteriormente que se nos señala y se nos impone la multa".
Doble rasero
Los colectivos concentrados ayer en el Raval acusaron al Ayuntamiento de Terrassa de utilizar un doble rasero frente al activismo social y político en la ciudad. "Tienen más interés en retirar lazos amarillos o carteles por la libertad de los presos que en frenar a los grupos fascistas". Como ejemplo pusieron el ataque de colectivos ultras de hace unos días contra activistas – "al final tuvimos que impedir nosotros que nos boicotearan"- y el mitin de Vox en la plaza del Primer de Maig.
Tras la lectura de dos manifiestos, los colectivos anunciaron que responderán "con la desobediencia" y a partir de ahora "no pagaremos ni una multa más". Como gesto simbólico, varias personas sancionadas quemaron ayer sus multas ante la fachada del Ayuntamiento de Terrassa.
Los convocantes hicieron una llamada a todos los ciudadanos que hayan sido sancionados administrativamente por su activismo social o político para que se sumen a la insumisión iniciada por los colectivos sociales. Aunque los expedientes son individuales, desde los servicios jurídicos del SAT se asesorará a los afectados para una campaña colectiva de recursos.
