El concurso para renovar la concesión del transporte público en Terrassa, pendiente desde el pasado mandato, vuelve a pisar terreno inestable después de que el equipo de gobierno llevara el lunes el dictamen a comisión informativa por la vía de la urgencia y la oposición tumbara la iniciativa. El dictamen que marca el inicio del proceso de licitación sale del orden del día del próximo pleno de diciembre y fuerza al ejecutivo a negociar apoyos para intentarlo de nuevo en enero.
La oposición montó en cólera el lunes al comprobar que el expediente del concurso incorpora una serie de requisitos derivados de la nueva Ley de Contratos del Sector Público no previstos hasta ahora, trámites que aplazan la publicación del pliego del concurso a la recta final del mandato y que impedirán adjudicar la gestión antes de las elecciones municipales de mayo. "Es un nuevo despropósito", comentaba Xavier Matilla, portavoz de TeC. El político no se explica que "desde principio de mandato el tema está sobre la mesa y ahora, a punto de finalizarlo, descubran que serán necesarios nuevos informes. Es inaceptable".
TeC y ERC-MES, los partidos mayoritarios de la oposición, creen que tal como están las cosas lo mejor es dejar el concurso para el próximo mandato. "No podemos aprobar algo que deberá gestionar otro gobierno a partir de 2019 y que puede tener un criterio distinto de lo que debe hacerse con el bus", comenta el republicano Carles Caballero.
A por la mayoría simple
El gobierno municipal no está dispuesto de momento a tirar la toalla. Marc Armengol, titular de la tinencia de alcaldía de Territorio y Sostenibilidad, asegura que intentará llevar de nuevo el expediente al pleno de enero, donde necesitará mayoría simple para sacarlo adelante. "Si los partidos persisten en bloquear el concurso del bus será su responsabilidad", comentaba ayer.
El ejecutivo justifica la urgencia del dictamen para el pleno del 19 de diciembre en "la complejidad del proceso" y asegura que los consultores que redactan el pliego de cláusulas -AMTU y Deloite-"han trabajado hasta el último momento. Somos la primera ciudad de España que afronta un concurso de estas características desde la aprobación de la nueva ley y no hay referentes. Además -explica Armengol-, algunos organismos que deben emitir informes no están creados y los técnicos no quieren asumir riesgos después de un proceso fallido como el que vivimos en la ciudad".
En el anterior mandato, el concurso del bus se frustró por el recurso de las operadoras y por errores en la tramitación. Avanza, la actual concesionaria de Transports Municipals d’Egara (Tmesa), gestiona el servicio desde 1989 y en septiembre de 2019 agotará diez años de prórrogas previstos en el contrato.
El calendario con el que trabaja el ejecutivo socialista pasa por el inicio del concurso en enero y la publicación del pliego de cláusulas a partir de marzo, superados los dos meses de trámites previos. Armengol advierte que a partir de ese momento "nuestro trabajo se habrá acabado". El político da por hecho que se recurrirán los pliegos y que las operadoras que pierdan el concurso judicializarán el proceso, eternizándolo. "Nosotros hemos cumplido presentando el dictamen en diciembre. Ya estaba claro que este mandato podíamos publicar los pliegos, pero la adjudicación quedaba para el próximo".
El concurso del bus incluye una reforma de las líneas de la que han trascendido las líneas maestras. El gobierno ha descartado la red octogonal aplicada en Barcelona, pensada para ampliar la oferta facilitando trasbordos entre líneas. "Lo hemos adaptado a la realidad de Terrassa y a los recursos disponibles", comenta Armengol.
Más frecuencias
La propuesta pasa por un incremento de frecuencias en las rutas con mayor demanda, un aumento de los horarios para ajustarlos al tren y la redistribución de algunas líneas". Además, en la nueva etapa el Ayuntamiento plantea aumentar la aportación municipal al transporte público de los 8 millones anuales a los 9,5 millones. La administración financia vía impuestos el 50% del coste del bus. La otra mitad la cubre la venta de títulos. "El objetivo es que el aumento de usuarios contribuya a financiar los 1’5 millones extras".
Durante la comisión informativa del lunes ERC sugirió una reflexión sobre la municipalización del transporte público, ante la perspectiva de que las multinacionales del sector judicialicen el concurso y encarezcan la adjudicación.
Armengol descartó ayer que esa posibilidad esté sobre la mesa argumentando que la mayoría del pleno lo descartó el pasado mandato. Hace algo más de un año, además, la comisión técnico-política que analizó los modelos de gestión del agua, el bus, los comedores escolares y la limpieza de edificios volvió a rechazarlo.
