El Grupo Municipal de Terrassa en Comú (TeC) presentó ayer en rueda de prensa una propuesta de resolución que se presentará en el próximo Pleno Municipal coincidiendo con el 25 de noviembre, Día internacional para la erradicación de la violencia machista y para la erradicación de las violencias institucionales. La concejal Anna Rius presentó este texto con el que "hemos querido ir más allá" respecto a las mociones que habitualmente se presentan, denunciando "la violencia institucional hacia la mujeres en un momento histórico de cambios profundos", y que ha llegado especialmente después de la huelga del 8 de marzo.
Todos los movimientos coincidentes en el tiempo han propiciado esta corriente de lucha internacional por la "igualdad, sororidad, fortalecimiento del movimiento feminista", y además ha puesto sobre la mesa otro tipo de violencia, "de la justicia y policial", que se ve reflejada en casos tan mediáticos como los de La Manada, Juana Rivas o el asesinato de Lucrecia Pérez.
Los interrogatorios a las víctimas, las ideas preconcebidas o la persistencia de mitos como las denuncias falsas propician decisiones judiciales que ponen en duda la neutralidad de la justicia.
Otros ámbitos
Por otro lado, TeC también pone el foco en las violencias que se dan en otros ámbitos tales como la atención sanitaria, las instituciones penitenciarias o el sistema educativo, Anna Rius citó a la periodista Ana Bernal para recalcar que se trata de una violencia "que ha sido siempre invisibilizada, se ha silenciado y ha sido la más impune de todas." Las instituciones deben ser "motor de cambio" y "no todo lo contrario."
Con este objetivo, TeC propone siete medidas que comienzan con el apoyo al manifiesto unitario del Día internacional y prosiguen con la petición de ampliar el presupuesto municipal para incidir cualitativamente y cuantitativamente en los diferentes ámbitos de intervención en violencias machistas; ofrecer cursos de formación y abordaje de las violencias institucionales a las mujeres; diseñar políticas públicas para medir y monitorizar la presencia de mujeres racializadas en las plantillas; evaluación anual con perspectiva de género de los datos; y la petición a la Generalitat de una comisión de trabajo sobre violencia institucional con tal de que se elabore un diagnóstico y una propuesta de líneas de actuación.
