La celebración en Terrassa del Día Universal de los Derechos de la Infancia, que recayó ayer, 20 de noviembre, se vio empañada por declaraciones de la Síndica Municipal de Greuges sobre el caso de los 158 alumnos, que el pasado 29 de octubre se quedaron sin el servicio del comedor porque sus padres no habían pagado el recibo.
Horas antes del acto para escolares, que tuvo lugar en el Teatre Principal, la Síndica, Isabel Marquès, divulgaba un comunicado en el que se remitía a los hechos y exigía al Ayuntamiento, que encabeza el alcalde Alfredo Vega, que entone "el ‘ mea culpa’ porque ha vulnerado el derecho vital de los niños reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos Emergentes, negando la alimentación básica adecuada". Y añade: "No es aceptable un bocadillo como sustituto del almuerzo".
En paralelo, la Comissió de Seguiment i Control de la Carta Europea dels Drets Humans a la Ciutat en Terrassa actuaba en el mismo sentido, al tiempo que pedía una reunión con los máximos responsables políticos del Ayuntamiento para hablar del comedor pero también de otros temas como educación, vivienda, servicios sociales y salud. En el tema del comedor arremete contra la "discriminación" que supuso dejar sin prestación a los 158 niños.
La Síndica Isabel Marquès y representantes de esta comisión, como Joan Tamayo, acudieron ayer al acto del Teatre Principal y lo hicieron con puntualidad. En el vestíbulo, esperando el acceso, Marquès y Tamayo se extendieron a preguntas de este diario sobre sus peticiones al gobierno municipal.
La Síndica quiso valorar de entrada que "el Ayuntamiento haya reaccionado cambiando el protocolo y revisando los casos de los impagos antes de tomar una decisión" pero acto seguido arremetió con lo ocurrido. "Hubo una vulneración de los derechos de la infancia. y así lo he manifestado en mi comunicado". Marquès pide al Ayuntamiento que "rectifique y se disculpe ante los niños".
Poca eficiencia
Joan Tamayo, portavoz de la Comissió de Seguiment i Control de la Carta Europea dels Drets Humans a la Ciutat, se pronunció en la misma línea. "Lo que pasó no se puede permitir porque ningún niño que está en el comedor escolar, por la causa que sea, debe quedarse sin el servicio". Tamayo cree que el Ayuntamiento "no fue eficiente" y exige "una reunión con los responsables políticos para tomar medidas que garanticen que una situación como la del 29 de octubre no se repita más". La Síndica y el portavoz de la comisión entraron en la sala y tomaron asiento para asistir al acto. No se cruzaron, con el alcalde Alfredo Vega, que llegó después. Preguntado sobre las críticas de la Síndica y de la comisión local de Derechos Humanos, Vega manifestó que "no las comparto" pero que prefería no ir más allá, seguramente, por tratarse de un tema tan delicado.
El alcalde reiteró que lo sucedido fue accidental y que se ha modificado rápidamente el protocolo para garantizar al máximo el servicio a los niños. "Fue un caso aislado en el que en seguida tomamos medidas. Hubo reunión de la comisión del comedor y se ha modificado el protocolo de actuación para dar total protección a los niños porque ellos no deben sufrir ninguna discriminación. Nos hemos comprometido todos a que estas situaciones para evitar estas situaciones porque no deben pasar pero, a veces, se pueden producir disonancias".
Vega también habló de ello, aunque sin explicitar, en un momento de la apertura del acto y ante un auditorio repleto de escolares con sus docentes y con la Síndica y Joan Tamayo en el mismo foro. "Estamos comprometidos para garantizar los derechos de los niños y jóvenes y trabajamos para ello pero, a veces, puede pasar algo".
Los hechos sobre los 158 niños que se quedaron sin comedor escolar por impago del recibo saltó el mismo 29 de octubre cuando una madre de la Escola Roser Capdevila, afectada por la situación, se puso en contacto con los medios de comunicación. Se supo un día después que más de la mitad de las familias habían regularizado el pago y que las que estaban pendientes estaban en contacto con Serveis Socials. Días después se anunció que ya estaba resuelto, sin dar más detalles. De manera simultánea, se reunió la comisión del comedor escolar y se cambió el protocolo. De ahora en adelante, el Ayuntamiento se compromete a mantener el servicio a todos los niños usuarios del comedor y aplicará las restricciones tras analizar cada caso. La solución ha sido cuestionada por el grupo municipal TeC, quien asegura que "hace dos días aún había una escuela que recibía órdenes de expulsión de un niño". Tampoco está de acuerdo en que "se mantenga la expulsión del comedor si los alumnos no tienen beca".
