Y pensar que años atrás Can Palet de Vista Alegre se llamaba El Sosiego. Así conocen aún muchos terrassenses a ese sector residencial de la periferia al que se accede desde la carretera de Martorell, a ese barrio-urbanización en el que compraron su casa muchos vecinos en busca precisamente de sosiego. Unas cuantas ilusiones se las llevó por delante el vendaval de la crisis económica. Otras las está barriendo una de las consecuencias de ese vendaval: las fincas abandonadas por sus antiguos moradores, empelidos a desahucios, las han okupado otros. Y no una ni dos, quince, veinte. Son okupas de casas con jardín, de parcelas con piscina y barbacoa. Aun con jacuzzi.
Vecinos “legales”, como Antonio y María (nombres ficticios), ven desmigajarse un proyecto de vida porque su barrio, su urbanización, ha cambiado a peor, y de qué manera. “Estamos rodeados”, dicen, con sofoco. Rodeados de casas con parcelas que han sido okupadas por gente que no paga el fabuloso IBI que pagan ellos y los demás, que no abonan suministro eléctrico ni agua porque tienen esos servicios manipulados.
La situación se ha recrudecido en el último año y ha motivado que el vecindario se organice para presionar a las autoridades para que a su vez presionen a los bancos, propietarios de las casas otrora habitadas por los que las adquirieron y ahora usurpadas. Habitadas hace años por gente como aquella familia que vio morir al padre de un infarto y que debió abandonar el chalet porque madre e hija no pudieron pagar la hipoteca. A las 48 horas del desalojo, la finca estaba ocupada de nuevo. Okupada.
“Sabemos que para los bancos somos uno más, un grano de arena en la playa, pero nos están echando de nuestro barrio”, lamenta María. Hay una recogida de firmas en marcha para enviarlas al Ayuntamiento, la Policía Municipal, los Mossos d’Esquadra, la Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa, las compañías de suministro y las entidades bancarias. Se adjuntarán a un manifiesto que denuncia “la degradación del barrio” y la consiguiente devaluación de las viviendas, sujetas, por cierto, a un IBI que “se ha incrementado considerablemente este año”.
Es un manifiesto escrito desde el hartazgo por la “verdadera avalancha” de casas ocupadas, que se cuentan por decenas. Unos okupas no dan más problemas que los derivados del agravio comparativo, pero otros son conflictivos y peligrosos, nada respetuosos con los vecinos “que cumplen con sus deberes” pagando sus impuestos. Los ocupantes conflictivos “provocan discusiones y peleas entre ellos y con los vecinos del entorno, ensucian las aceras, rompen los contenedores, trafican con drogas, conducen coches de alta gama a toda velocidad por las calles del barrio, poniendo en peligro sobre todo a nuestros niños y mayores”.
Y generan “un ambiente de mala convivencia”, en algunos casos incluso “estados de insalubridad”. Un chalet no tiene conexión con el alcantarillado pero sus moradores “han conectado las aguas fecales a una fosa séptica exterior” que luego una empresa vacía de manera gratuita, declaran los vecinos. Los denunciantes son conscientes de que “todos tenemos derecho a una segunda oportunidad”, pero no están dispuestos a que los okupas tomen su barrio en una espiral transformada en forma de vida mientras los residentes legales los ven conducir coches “de alta gama” y usar las parcelas para cultivar marihuana, añade el demoledor texto.
El vecindario expresa su “impotencia y frustración” al ver las autoridades y los bancos “no pueden o no hacen nada” para evitar el aluvión de ocupaciones que llena de inseguridad un “maravilloso entorno”. Las entidades bancarias deben responsabilizarse de sus propiedades, agrega el manifiesto. Y plantearse la posibilidad de alquileres sociales para los hipotecados que ya no pueden afrontar sus cuotas de préstamo, y colocar sistemas de alarma. ¿Por qué no advierten los bancos a las empresas de suministro para que impidan las conexiones ilegales?, se preguntan los afectados, que demandan al Ayuntamiento la intervención de los Servicios Sociales para analizar caso por caso y resolver si los ocupantes pueden obtener algún apoyo en forma de alquiler reducido; o si, por el contrario, gozan de una situación económica desahogada y deben largarse de inmediato.
Una llamativa caravana
Y de estos, de apariencia pudiente, hay unos cuantos, según vecinos de la zona. “A los que pagamos religiosamente nuestros impuestos nos están echando para acoger a ocupantes que no están precisamente necesitados”, reflexiona María, la misma que, con otros vecinos, ha visto a una okupa conduciendo un BMW de lujo. Y a otro con una llamativa caravana.
“Hemos pasado de vivir en una urbanización apetecible a querer marcharnos de aquí”, cuenta una pareja. Han pasado, insiste, “de dejar a los niños libres en la calle a ver coches circulando a cien por hora”. Lo que soportan es “una vergüenza”, dice Antonio.
Se muda por la piscina
Aquí hay una casa ocupada, en la calle de la Mallerenga. Y otra y otra, una media docena, denuncian los residentes. Y en la calle de la Perdiu, y en la del Torrent del Salt, donde unos okupas se han quedado con dos chalets pareados. Uno es un okupa discreto, el otro todo lo contrario. Una familia ocupante ha motivado incidentes, producto muchas veces de borracheras, y la policía ha intervenido en alguna ocasión. Resulta que esa familia ha okupado dos parcelas con chalet. Primero entró en una finca, pero luego los padres de uno de los okupas prefirieron emanciparse, y qué mejor forma de hacerlo en Can Palet de Vista Alegre que asestar una patada a otra puerta y disponer de un casoplón. Los vecinos conocen el caso de otro okupa que se mudó de casa en el mismo sector porque la segunda tenía piscina.
Algunos intrusos mantienen luces encendidas por la noche porque esa es la señal para avisar de que la casa no está libre. “Si no frenamos esto, se va a pique”, insiste un denunciante. “Esperamos que entiendan la situación que estamos sufriendo”, imploran los afectados en el manifiesto de recogida de firmas. Quieren recuperar su barrio, dejar de sentirse acosados, despojarse del “constante estrés” ante el peligro que conllevan las manipulaciones de gas o de luz.
Quieren reconstruir un barrio que años atrás era “familiar, tranquilo, amable”. Cada minuto de duda en el combate es acicate para otra ocupación ilegal. “No tenemos tiempo de reaccionar. Nos están comiendo”, concluye María. Se refiere a esos nuevos residentes a los que un vecino ha bautizado como “okupas de piscina y barbacoa”.
