La controversia ocasionada por el fallo del 18 de octubre apenas afectó a la compra-venta de viviendas en Terrassa, al menos en los primeros días de espera hasta la nueva deliberación. En las notarías de la ciudad se rubrican al mes una media de 163 préstamos hipotecarios.
La actividad no se trastocó en las oficinas notariales aunque la mayoría de las entidades bancarias decidiese suspender sus ofertas crediticias en sus páginas web. Y algunos bancos aplazaron las firmas en los expedientes aún con flecos. Otras entidades, las menos, llegaron a pagar de manera excepcional el impuesto objeto del litigio. El Col·legi de Notaris de Catalunya corroboró que la rúbrica de hipotecas no se había resentido en la comunidad autónoma. No había histeria. Sí una incertidumbre que se palpaba y que se mantendrá en los próximos días tras el cambio de rumbo jurídico de ayer.
Los notarios, hasta la resolución última del Tribunal Supremo, asesoraban a los compradores y les informaban de la situación: el pago del impuesto estaba pendiente de los magistrados. Pareja tarea de información debieron afrontar durante aquellos días agitados los responsables de entidades bancarias a los que los clientes demandaban asesoramiento porque tenían muchas dudas. El Tribunal Supremo, para mal o para bien, se encargó ayer de disiparlas.
