"Defensar la terra no és cap delicte" fue uno de los lemas más coreados ayer en la manifestación convocada por la ANC y Òmnium para protestar por los escritos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en el procedimiento judicial por el "procés". El Ministerio Fiscal pide dieciséis años de prisión para Josep Rull, exconseller terrassense, por rebelión y distracción ilegal de fondos públicos. Más de mil personas recorrieron el Centre a partir de las 7.30 de la tarde. Iban detrás de una pancarta que pedía libertad para los "presos políticos".
La marcha se inició en el Raval de Montserrat, con un minuto de silencio y un par de canciones, y prosiguió por la Rambla d’Ègara, en sentido descendente, para girar por el Portal de Sant Roc, continuar por la calle Major y la Plaça Vella y, por el Portal Nou, llegar hasta la calle de Baldrich, donde está la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Los gritos de libertad y "no es justicia, es venganza" se sucedieron, entreverados con los de "sin desobediencia no hay independencia" y el referido "defensar la terra no és cap delicte". Agentes de la Policía Municipal iban cortando el tráfico a medida que avanzaba la manifestación.
Mario Soria, coordinador local de la ANC, dijo ayer que las calificaciones son "una muestra más del esfuerzo del Estado español para tapar la disidencia, el ejercicio democrático y el derecho a nuestra autodeterminación". Para la ANC no han sido una sorpresa las peticiones de penas, aunque sí la diferencia de criterios entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado. "Unos y otros nos envían un mensaje claro -apuntó ayer Soria-. El trato a las dos entidades con más socios de Catalunya, enviando a sus dirigentes a prisión, pueden darlo a cualquier otra entidad española".
Meritxell Lluís, esposa de Josep Rull, participó ayer en la concentración en Lledoners con motivo del primer año del encarcelamiento del Govern. La concejal del PDeCAT dio lectura al manifiesto de la Associació Catalana pels Drets Civils en la que los políticos presos mostraban una vez más su agradecimiento a los apoyos recibidos.
"Esta es la justicia que entiende el Estado español. Esta no es nuestra democracia", respondían ayer los presos. Lluís destacó que la causa de la independencia es "la causa de la libertad, de los derechos civiles, de la decencia y de la democracia". Lluis recordó que miles de catalanes apoyan a los políticos y los activistas procesados. "Seremos juzgados por disuadiros, por escarmentaros. Con nuestro escarmiento quieren silenciar la voz de un pueblo", concluía el manifiesto.
Vega pide esperar al juicio
El alcalde Alfredo Vega invitó ayer a esperar al juicio del 1-O para conocer cual es finalmente el veredicto judicial. El primer edil destaca que en la causa general "hemos visto distintas opiniones y ahora la Fiscalía y la Abogacía del Estado también discrepan". El proceso contra los políticos y líderes independentistas "está en su inicio" y el alcalde espera que no se produzcan "interferencias políticas, porque no sería justo".
Vega cree que ahora toca dejar "que la Justicia trabaje desde la independencia. Finalmente será el juez quien dirimirá". Respecto las peticiones de pena para el egarense Josep Rull, el alcalde insistió ayer en que lamenta que siga cumpliendo prisión preventiva. "Es una persona a la que aprecio y quiero mucho. Pongo la mano en el fuego por su buena fe y eso no quiere decir que si ha cometido una ilegalidad, deberá rendir cuentas como lo haría yo como alcalde".
El portavoz municipal de ERC, Isaac Albert, calificó ayer de "relato inventado" y de "farsa" los motivos por los que se les acusa a los líderes del procés y añadió que las penas solicitadas por la Fiscalía "son un paso más en el proceso de defunción del Estado". "Si son incapaces de afrontar que se trata de un problema político -añadió Albert- entonces son capaces de todo por la unidad de España". El republicano hizo una especial mención para los terrasssenses Rull y Soler, con los que dijo que le une una amistad que va más allá de la política. "La injusticia es enorme -afirmó al respecto- y en una ciudad como Terrassa esta situación hace que el día a día sea complicado y se viva con tristeza y cierta tensión".
Albert se mostró convencido de que "se persigue a los presos y a los adversarios políticos", reiteró que "la solución es política porque el problema es político y no judicial" y agregó que "cuanto más tarde" el Estado y la clase política en darse cuenta de ello, "más sufrimiento habrá para las familias de los presos y mayor será el desprestigio de España frente a Europa".
El portavoz municipal de la CUP, Marc Medina, afirmó ayer que la diferencia tanto en el tipo de los supuestos delitos como en los años que piden por ellos la Fiscalía, la Abogacía del Estado o las diferentes partes acusatorias no son más que "un juego de migajas" ante "la gravedad de la situación" ya que, defendió, "el problema es estructural, de base, porque se trata de una cuestión política y no judicial".
Miquel Sàmper, concejal portavoz del PDeCAT y jurista, consideró la petición fiscal de "auténtica salvajada", habida cuenta de que él mismo, como letrado, ha llevado casos de homicidas "a los que han condenado a ocho años de cárcel". La actuación no es judicial, sino "de represalia", según el edil. Los cargos de rebelión y sedición "no se aguantan" y la malversación "habrá que probarla". Las acusaciones decaen, pero el edil se mostró convencido ayer de que Rull y los otros presos serán condenados.
Sàmper reconoció que las calificaciones de las acusaciones no le habían sorprendido y criticó que se haya acudido al ámbito penal "cuando éste debe ser la última instancia". Para el concejal nacionalista, la querella del fiscal general del Estado, redactada "bajo la presión del PP", fue la clave de un procedimiento que no se aguanta. "Muchos catedráticos sostienen que no hubo violencia", añadió.
Para Xavier Matilla, concejal portavoz de Terrassa en Comú (TeC), la única sentencia justa sería la que dictaminase la absolución de los acusados. Los comunes rechazan las calificaciones de los hechos de las acusaciones, que tildan de "represión" y subrayan su apuesta por el diálogo, "por resolver con la política los problemas políticos".
Cs y la separación de poderes
Javier González, concejal de Ciutadans (Cs), abogó por "garantizar y defender la separación de poderes" y por dejar que la Justicia actúe "el desarrollo de sus funciones", aunque se mostró seguro de que la petición a la baja de la Abogacía del Estado se debió "a presiones políticas" del Gobierno de Pedro Sánchez.
Álex Rodríguez, edil del PP, se decantó por no emitir valoraciones jurídicas. El concejal, abogado, expresó su respeto por las consideraciones del Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado: "Tenemos que ser impecables con las razones jurídicas manifestadas por los dos estamentos. Las respetamos igual que respetaremos las de las defensas". El líder del PP local mostró su confianza "en los poderes del Estado y la separación de poderes".
