El de ayer fue un pleno especial en el que, más allá del debate político de las cuentas municipales, los partidos plantearon la necesidad de que el modelo fiscal de la ciudad se ajuste a una realidad socioeconómica nueva. En la salida de la crisis, explicó el alcalde Alfredo Vega, el paro ha descendido del 24% al 13 %, pero esa mayor ocupación va acompañada de un aumento del gasto social. La razón es que el empleo se ha precarizado y muchas familias con trabajo no llegan a final de mes, de manera que la ciudad "sale de la crisis con una mayor desigualdad social".
En este escenario, el alcalde proponía esta misma semana a los grupos políticos un pacto fiscal, una reflexión conjunta que se abordaría "el próximo mandato",en la que "se aborde en profundidad la revisión de la política fiscal de Terrassa y el modelo de ciudad".
El portavoz de ERC-MES Isaac Albert fue quien planteó la necesidad de abordar el tema y quien desarrolló ayer buena parte del argumentario. El político cuestiona que la ciudad siga "cuadrando los ingresos a los gastos" y manteniendo "una estructura presupuestaria de antes de la crisis", cuando la realidad es hoy distinta. "Ingresamos más, pero la demanda social aumenta y eso seguirá siendo así. Este no es un tema solo de precariedad y pobreza, es un debate de qué modelo de ciudad queremos".
La reforma de la tasa de residuos, la revisión del modelo "universal" de algunos de los servicios sociales y la necesidad de que el IBI recupere el papel como principal fuente de ingresos son algunas de las medidas que se someterán a debate tras las municipales.
Terrassa en Comú secunda la necesidad de revisar la tasa de residuos -"ya lo propusimos en 2018", recordó su portavoz Xavier Matilla-, y de reflexionar sobre el modelo fiscal, aunque apunta algunos retos. "El IAE está condicionado por nuestro tejido económico y el IBI por los valores catastrales. El modelo nos deja un recorrido limitado". También en el debate fiscal, Matilla insiste en la necesidad de avanzar "hacia una ciu- dad más equilibrada".
La CUP, por su parte, apunta la posibilidad de "vincular la tasa de residuos a los valores catastrales y la capacidad económica", como ya hacen en Sabadell. El objetivo, "que prime la renta, que pague más quien más tiene".
