El alcalde Alfredo Vega cree que Terrassa requiere un pacto fiscal de ciudad que supere el debate político cortoplacista y permita alcanzar el consenso sobre el modelo tributario que necesita Terrassa. Así lo formuló ayer durante la presentación del pleno de ordenanzas y presupuestos que se celebrará esta mañana a las 9.30 horas. Vega seguía ayer negociando con la oposición un acuerdo que le permita sacar hoy adelante las cuentas de 2019 y, en paralelo, pide a los grupos que abran el foco de cara a un pacto de amplio espectro después de las municipales de junio.
"La vida de la ciudad es más larga que el tiempo político", comenta Vega, para quien "la fiscalidad comporta también un modelo de ciudad". El acalde explicó que el desempleo "ha bajado al 13 por ciento en Terrassa", pero "la ocupación es precaria" y la renta media se sitúa por debajo de la media catalana. Sobre esa realidad socioeconómica, el primer edil propone a los partidos un pacto de ciudad que defina la fiscalidad y garantice los ingresos necesarios para hacer frente a una demanda social que no remite.
En ese contexto, el alcalde anunció la intención de reformular la actual tasa de residuos, sometiendo a reflexión aspectos como el equilibrio entre lo que pagan residentes y comercios o la posibilidad de vincular el cálculo al IBI. El debate también incluiría la posibilidad de crear un nuevo tributo vinculado al alcantarillado.
Negociación "in extremis"
El pleno votará hoy, por primera vez en una sola sesión, aunque por separado, la propuesta de ordenanzas y presupuesto del PSC, que ayer seguía negociando un acuerdo con la oposición, especialmente con TeC.
La propuesta socialista fija un presupuesto ordinario para el ejercicio 2019 de 198 millones de euros, un 8,20 por ciento mayor al de 2018. El presupuesto consolidado, que incluye sociedades y organismos vinculados, asciende a 244,3 millones de euros, un 11,55 por ciento más que el año anterior.
El próximo año, el Ayuntamiento dispondrá de 21,76 millones de mayores recursos procedentes de impuestos, participación en los ingresos del Estados y de la reducción de la carga financiera. Además, contará con 5 millones que han sido liberados para poder repriorizar partidas. Ese aumento de recursos se destinará a la mejora del espacio público, del transporte la limpieza, los residuos, la lucha contra las desigualdades, la educación, la cultura, los deportes, la proyección de la ciudad y la innovación de la organización municipal.
El próximo año se destinarán a inversiones 11,48 millones de euros procedentes principalmente de créditos y de subvenciones de la Diputació. Las partidas más importantes van a expropiaciones y permitirán liquidar, por ejemplo, las fincas del Parc de la República. También el proyecto de esponjamiento de Ca N’Anglada, se implantará la cuarta línea de contenedores de carga lateral y se mejorarán los asfaltados.
En materia fiscal, sube el IAE un 5%, la tasa de residuos residencial un 5% y la comercial un 3%. El tipo impositivo de la plusvalía aumenta hasta el 30% y la tasa de los vados también será más alta al adaptarse a la revisión catastral.
El IBI se congela, pero desaparecen los topes aplicados a la revisión catastral, de manera que, según cálculos municipales, un 10% de contrtibuyentes acabarán viendo como la tasa sube un 5%. En materia de bonificaciones, se incorporan descuentos a la instalación de energías renovables y a los vehículos menos contaminantes.
