Uno debe ser condenado a nueve años de prisión. El otro deberá cumplir parte de esa misma pena y luego, ser expulsado de España para no volver en seis años. Esa es la petición de la fiscal para dos hombres acusados de traficar con cocaína desde un bar, un establecimiento de su propiedad ubicado en Sant Pere Nord. Los Mossos d’Esquadra encontraron bolsas con cocaína y 1.757 euros en el registro de los acusados y el local, según la acusación pública.
Se presume que los mossos llevaban meses vigilando el bar, en la calle Ample, cuando decidieron inspeccionarlo el 10 de marzo del 2017. Entraron allí en horario de concurrencia pública. Y se fueron con dos imputados, los responsables del bar, y con droga, dinero y teléfonos móviles decomisados.
Dice la fiscal en sus conclusiones provisionales que los policías intervinieron a uno de los procesados tres bolsas con coca (con 1,01 gramos netos y riqueza en base del 30 por ciento) y 525 euros. Y añade que los agentes encontraron en un bote, dentro del bar, una bolsa de plástico que contenía 23,35 gramos de cocaína (la riqueza era del 49 por ciento). Y localizaron en una caja 1.100 euros en billetes y 132 repartidos en monedas.
El decomiso se completó con un resguardo de envío de dinero a nombre de uno de los acusados por un importe de 5.124 euros y con dos teléfonos móviles. El Ministerio Público sostiene que el dinero provenía "de la actividad ilícita" a que presuntamente se dedicaban los sospechosos y que los móviles los usaban también para ese cometido de tráfico de drogas.
La fiscal asegura que los dos acusados vendían la coca a terceros desde el bar y atribuye a ambos un delito contra la salud pública "relativo a sustancias que causan grave daño a la salud". A tenor de su escrito de acusación, procede imponer a cada uno de ellos nueve años de prisión y multa de 5.000 euros. Uno de los inculpados tiene DNI español. El otro, de origen dominicano, no. La fiscal dice que su permanencia en España no está justificada y reclama la sustitución parcial de la pena de cárcel por la expulsión de territorio nacional. En concreto, solicita el "efectivo cumplimiento" de la pena "hasta el límite de las 2/3 partes" y la sustitución del resto por la expulsión, "con una prohibición de regresar por un plazo de seis años".
Las diligencias las tramitó el juzgado de instrucción número 4 de Terrassa y la sección octava de la Audiencia Provincial de Barcelona tiene previsto celebrar el juicio el próximo lunes con el interrogatorio a los encausados; y con el testimonio de los mossos d’esquadra que el 10 de marzo del 2017 cachearon a los reos y registraron el bar supuestamente utilizado de tapadera, según la tesis acusatoria.
Tiros
Los mossos ya estuvieron en el establecimiento menos de tres meses antes. El 21 de diciembre del 2016, un joven dominicano fue tiroteado a unos pocos metros del bar por un tipo que se dio a la fuga en un ciclomotor conducido por otro individuo. El pistolero descerrajó una decena de disparos.
Cuatro tiros alcanzaron al agredido, que resultó herido, con orificios de entrada y salida. Otra bala, al menos, fue a parar al interior del bar. Y otras tres, proyectiles perdidos, a la puerta y la fachada de un edificio cercano.
