Son tales las secuelas, es tal la deformidad que aquel ataque le causó, que la fiscal reclama al agresor el pago de una indemnización de 25.810 euros. Casi todo el dinero corresponde a la reparación económica por las secuelas sufridas aquel día, no hace ni un año, por la víctima, un hombre. El acusado de la agresión es un vecino que, según la fiscal, apuñaló a la víctima tras una discusión por unas plazas de aparcamiento en Can Palet. Le dio una puñalada en la cara y le arreó un golpe con una raqueta de tenis.
Procede imponer al acusado una pena de cinco años de prisión, dice el Ministerio Público en su escrito de calificación de los hechos que redactó en marzo pasado. Lo que pasó, aquel terrible acometimiento en la calle del Sindicat, es constitutivo de un delito de lesiones con deformidad, previsto en el artículo 150 del Código Penal.
Pasó a las cuatro de la tarde del 26 de noviembre del 2017. El procesado, de origen marroquí, se encontraba en la calle del Sindicat y discutió con un vecino por algo relacionado con unas plazas de parking. Los pormenores de las razones de la disputa verbal no han trascendido. Sí se sabe, a tenor de la acusación pública, en qué consistió la supuesta reacción del encausado durante aquellos momentos de tensión.
El atacante agarró un objeto punzante (no se explicita cuál) y luego una raqueta. Y con ellos, presuntamente, se dio a agredir a la víctima. Cuenta la fiscal que con el objeto hizo al agredido un corte en la cara. Con la raqueta le propinó un golpe en el codo izquierdo.
Unos agentes de la Policía Municipal intervinieron aquella tarde tras saber de la agresión. El Ministerio Público ha solicitado la comparecencia de dos guardias en el juicio, señalado para el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Barcelona. El listado de testigos propuestos por la fiscal se completa con otras dos personas. La prueba pericial comprende la declaración de una doctora forense que deberá ratificar o ampliar su informe sobre las lesiones y secuelas padecidas por la víctima a resultas del apuñalamiento y el golpe.
Las heridas fueron graves, sobre todo las ocasionadas con el objeto punzante, las que provocaron al agredido una herida incisa en la hemicara izquierda. El hombre sufrió también policontusiones y eritema en el codo izquierdo. Lo peor fue lo otro, aquel corte en la cara, aquella herida sangrante que precisó de tratamiento quirúrgico. Le pusieron puntos de sutura y tardó veinte días en curar, siete de ellos impeditivos para sus ocupaciones. Y acaso lo peor de lo peor fueron las secuelas dejadas por la agresión.
La representante del Ministerio Fiscal indica que a la víctima la restó como secuela una cicatriz lineal de quince centímetros en el rostro izquierdo, casi desde la oreja hasta la comisura labial, en virtud de lo manifestado en el informe forense.
El perjuicio estético causado es evidente. E importante, según el escrito de acusación, que evalúa tal menoscabo con una valoración que oscila entre los veintidós y los treinta puntos. El agredido reclama indemnización y la fiscal estima la cuantía de esta responsabilidad civil en 25.810 euros: 25.000 por las secuelas, por la cicatriz que atrevisa el costado izquierdo de la cara del atacado, y 810 por las lesiones, por los días de curación y baja.
El juzgado de instrucción número 1 de Terrassa tramitó la causa. Al día siguiente de los hechos, el 27 de noviembre del 2017, se dictó un auto judicial que imponía al imputado una orden de alejamiento: la resolución prohibía al sospechoso acercarse a menos de doscientos metros del damnificado. Tampoco debe aproximarse a su domicilio ni a lugar alguno donde se encuentre el protegido. La orden incluye la prohibición de comunicación "por cualquier medio". La medida cautelar estará vigente hasta que haya sentencia firme.
Y la sentencia tardará unas semanas, si el juicio, como está previsto, se celebra el miércoles que viene en la sección tercera de la Audiencia Provincial. La fiscal interesa que el tribunal imponga al agresor cinco años de prisión y la prohibición de aproximación a la víctima (a una distancia menor de quinientos metros) durante un periodo que exceda en cinco años al de la pena de cárcel.
La fiscal pide una pena de cinco años de prisión por un delito de lesiones con deformidad
