El acuerdo entre Ayuntamiento de Terrassa y Mina, Aigües de Terrassa para materializar el cambio a titularidad municipal del suministro doméstico de agua ya ha levantado críticas entre los partidos, de la oposición municipal, que ya estaban en contra del proceso, y el apoyo de aquellos partidarios de recuperar la gestión del agua por parte de la propia ciudad. El acuerdo entrará en vigor el próximo 10 de diciembre y se basa en el alquiler municipal durante cinco años de la infraestructura de gestión de Mina. Así, la firma aportará su conocimiento y la experiencia acumulada a la recién creada Entidad Pública Empresarial Local (EPEL) Terrassa Cicle de l’Aigua y pondrá a su disposición elementos vitales para la operativa, como las aplicaciones informáticas de gestión, las oficinas de atención al usuario, almacenes y otras instalaciones. Además también se ha acordado que la EPEL adquirirá los caudales de agua de los minados y pozos de titularidad de Mina, que representan un 10% del agua suministrada en Terrassa. Asimismo, el Ayuntamiento mantendrá la actual plantilla y sus condiciones laborales.
Para Xavi Matilla, portavoz del grupo municipal de Terrassa en Comú, "no es cierto que se haya llegado a un acuerdo de gestión mixta (público-privada) como han publicado algunos medios", sino que el acuerdo "facilita el traspaso del servicio de agua a la nueva empresa pública EPEL Terrassa Cicle de l’Aigüa". TeC celebra que Mina asuma que la gestión del agua en Terrassa será "100% pública" y que esté dispuesta a "desistir de la vía judicial y colaborar lealmente en el traspaso del servicio". El alquiler por parte del Ayuntamiento de las actuales oficinas, aplicaciones informáticas o la adquisición de pozos se enmarca, según TeC, en el "compromiso del Ayuntamiento de analizas el uso de los bienes y servicios de que dispone Mina y que pueden ser de interés para la EPEL a la hora de asumir la gestión de servicio".
Un pacto "natural"
Isaac Albert, portavoz de ERC/MES, consideró ayer el acuerdo "bueno" para la ciudad" y también "natural" porque si Mina, como ha hecho finalmente a través de este pacto, ha reconocido la titularidad municipal del servicio y a EPEL como la gestora, es "natural que juegue un papel" en el servicio. Asimismo, considera que es un pacto que se podría haber alcanzado tiempo atrás si las relaciones entre Ayuntamiento y Mina no se hubieran "enturbiado y judicializado" como ocurrió por la negativa de la empresa abastecedora de agua a "aceptar el final de una concesión administrativa y menospreciar la soberanía del pleno municipal".
La transparencia
Miquel Sàmper, portavoz del Partit Demòcrata, se mostró convencido que el contenido del acuerdo será "positivo para la ciudad". "Siempre habíamos dicho que la mejor solución hubiese sido convocar un concurso para crear una empresa mixta. Que la capacidad de dirección recayera en el Ayuntamiento y la gestión en una empresa especializada. Si a ese concurso hubiese optado Mina, por experiencia, hubiese tenido más opciones que ninguna. Al final, con este acuerdo, es lo que se ha hecho". Sàmper, por otro lado, mostró su disconformidad por la "falta de transparencia" del consejo de administración de EPEL ya que, él mismo, consejero de este organismo, se enteró del acuerdo "sólo un día antes de que se diera a conocer".
Javier González, portavoz municipal de Ciutadans, se felicitó, en primer lugar porque este acuerdo "salva los puestos de trabajo y el servicio a los usuarios", aunque criticó cómo se ha llevado y ha finalizado el proceso. "Al final el equipo de Gobierno ha aceptado las tesis de Mina, que quería seguir con el servicio sin tener que acudir a ningún concurso público. Estamos ante una empresa municipal que ha creado una nueva estructura de consejo de administración; pero en la práctica, el servicio lo seguirá gestionando la actual concesionaria". Además, calificó de "extravagancia" el contrato de alquiler por cinco años. Para González, la primera "impresión" es que "se va a cambiar el cartel de la puerta en la sede de Mina y ya está". El portavoz de Ciutadans se muestra más favorable a que se hubiera esperado a las próximas elecciones municipales para que el nuevo Gobierno local "con futuro por delante, tomase las decisiones".
Una visión diametralmente opuesta mantiene Marc Medina, único concejal de la CUP en el Consistorio. Al igual que TEC, descarta que este acuerdo de pie a una gestión público-privada del servicio, y entiende que los pactos puntuales a los que han llegado Mina y el Ayuntamiento de Terrassa van en el sentido de avanzar en el proceso de traspaso del servicio. "Entendemos que cualquier otra cosa no sería admisible. El Ayuntamiento es el titular del servicio y ya se efectúo, en marzo, el cambio de gestión; lo que hace ahora es asumir la gestión directa. En este camino se están dando cierto acuerdos puntuales para mejorar el proceso".
Para Álex Rodríguez, portavoz municipal del PP, "es bueno que se relaje la tensión entre el Ayuntamiento y una gran empresa como es Mina. Todo lo que sea quitar pleitos de los tribunales es bueno. Sin embargo, a nivel político es un fraude lo que ha hecho el PSC". Recuerda que "llevan años diciendo que el agua es un bien público y que lo mejor es que la gestión la asuma el Ayuntamiento. Llevan años presumiendo de ello. Sin embargo, al final, han acabado subarrendando la gestión a quien realmente sabe gestionarlo. Todo pasará por una empresa pública pero, al final, el trabajo lo acabará haciendo la empresa privada. El Ayuntamiento, al final, no se ha visto capaz de asumir directamente la gestión.
