La síndica de Terrassa, Isabel Marquès, emitió una nota pública en la que instaba de forma urgente al Ayuntamiento de Terrassa y al Col·legi d’Advocats de Terrassa para que firmen un acuerdo de colaboración para que las personas que han visto denegado el derecho a beneficiarse de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania a través de una resolución, puedan disponer de una defensa gratuita por parte de un profesional, a la hora de presentar un recurso, si se considera conveniente.
"La gente me viene a ver y no tienen un abogado por este tema y no lo pueden pagar. Es como un callejón sin salida", señala la síndica de Terrassa, que añade argumentos ante esta incongruencia. "Si no presentan un recurso de alzada antes de un mes, después no pueden ir a un contencioso administrativo, en el que sí tienen derecho a un abogado de oficio", dice Marquès.
En un buen número de las resoluciones en las que se ha denegado el derecho a percibir esta prestación, se han apreciado irregularidades por parte de la Administración. En este sentido, Marquès asegura que "las resoluciones son muy genéricas y en muchas se dice que no se ha presentado la documentación necesaria, pero en algunos casos he comprobado que sí lo han hecho bien, y por esto es necesario hacer un recurso".
Seis meses después
Las resoluciones han empezado a llegar ahora, después de, en muchos casos, seis meses de haber presentado la solicitud para beneficiarse de la Renda Garantida de Ciutadania y el alud de denegaciones ha encendido, en gran parte, la luz de alarma, ya que estas personas no tienen recursos para que un abogado les tramite este recurso de alzada, para poder acceder después a un contencioso administratrivo.
Marquès tiene claro que "se está vulnerando uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía, que es el derecho a la defensa" y, por este motivo propició una reunión, el pasado mes de mayo, con la concejal de Serveis Socials del consistori egarense, Gracia García, y el decano del Col·legi d’Advocats de Terrassa, Ignasi Puig. "El recurso de alzada lo ha de hacer un abogado y por esto he pedido al Col·legi d’Advocats de Terrassa y al Ayuntamiento que acuerden una manera de poder contar con abogados para que presenten estos recursos", comenta la síndica de Greuges de la ciudad.
Hasta la fecha, y de ahí que Marquès optara por hacer un llamamiento público, a través del comunicado mencionado, ninguno de los dos entes han contestado. La Síndica apunta que "de momento no he tenido respuesta de nadie y me dicen que lo están trabajando, pero esto ya es una cosa urgente porque ya hace dos meses de la reunión".
No cuestiona en ningún momento la buena voluntad de los dos organismos para llegar a un acuerdo o lo que decidan, y afirma que "no digo que no lo estén trabajando", pero reitera que "sólo digo que es necesaria una respuesta rápida", ya que los plazos se van terminando.
Marquès, ante la avalancha de solicitudes que la oficina de la síndica de Terrassa está recibiendo, de personas que piden algún tipo de respaldo para que se revise su caso y se rebata a la resolución que les deniega su derecho a percibir esta prestación, declara que no pueden asumir, ni por competencia ni por recursos humanos, este asesoramiento jurídico.
Pese a todo, en algunos casos, en su oficina se ha ayudado a algunas personas. "Hemos hecho algunos recursos desde nuestra oficina, pero es una tarea que no nos corresponde a nosotros y, a la gente, le queda poco tiempo", explica.
Actuación urgente
Así pues, Marquès, dentro del marco de las funciones que "me han sido asignadas", recomienda una actuación urgente para que se llegue a un tipo de acuerdo o a un convenio para que las personas que se encuentren en esta situación, puedan tener a un abogado que les asesore. "Esta gente necesita un asesoramiento jurídico porque económicamente no pueden soportarlo, y si buscan percibir la Renda Garantida de Ciutadania, es porque no lo pueden pagar", declara Marquès.
Al parecer, según explica, "ha corrido un modelo de recurso de alzada, que alguna gente ha utilizado, pero creo que esto se ha de hacer bien o estas personas perderán este derecho". Le consta que en otras localidades, como en Barcelona, "hay entidades, con abogados voluntarios, que están haciendo estos recursos de alzada".
Marquès considera que "la ley administrativa va por un lado y la ley que defiende a las personas sin capacidad económica va por otro y no se han encontrado por el camino", y este ha sido uno de los motivos por los que "se ha producido este lapsus". La síndica de Greuges de Terrassa, a pesar de la premura, confía en que, pronto, llegue una solución satisfactoria.
