"Tengo eso", dice uno. Vale, contesta otro. Luego se pasaría su hija a buscarlo. "A este le ha salido buen chocolate, lo hace bien", suelta uno. "Hay de lo que te gusta", se recoge en otra conversación. Son extractos de diálogos telefónicos captados por la Guardia Civil en una investigación que culminó en el invierno pasado con las detenciones de cuatro terrassenses a los que la sección sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona tiene previsto juzgar hoy. El fiscal los acusa de narcotráfico y otros delitos. De cultivar marihuana y de traer a España cocaína impregnada en hamacas y otros objetos.
Los cuatro procesados, uno de ellos una mujer, son de nacionalidad española. Uno es sobrino de otro, que a su vez es suegro de un tercero. La Guardia Civil empezó las indagaciones en junio del año pasado. Desde antes de ese mes, según la fiscal, los acusados se dedicaban presuntamente al cultivo de marihuana y a la elaboración y distribución de cocaína, que vendían (la coca) en los alrededores del domicilio de uno de ellos. En una vivienda de Rubí se halló una plantación de marihuana.
Actuaban "de forma conjunta y cohesionada" y se mantenían "en continuado contacto telefónico". En sus conversaciones, tanto entre ellos como con terceros, comentaban aspectos como la calidad y cantidad de la droga, el precio, las deudas de los compradores "o la necesidad de abastecerse de nueva sustancia", añade la fiscal.
Su escrito menciona unas cuantas conversaciones intervenidas por la Guardia Civil. Una, de las seis de la tarde del 22 de agosto del 2017. Otra, captada el día siguiente. Una, de unos días antes, del 2 de agosto, sobre tierras y semillas, sobre "que hay que llenar los tiestos primero". Otra, del 25 de agosto acerca de la necesidad de bajar los focos a una plantación. Varias de julio con llamadas de desconocidos preguntando, por ejemplo, a uno de los acusados "si tiene algo". "Ya te lo dije el otro día, que no puedo dejar nada fiado, que está la cosa jodida", responde un procesado a un supuesto comprador.
El Ministerio Público refiere la colaboración de terceros para recibir "remesas cuantiosas" de droga y habla de un egarense (acusado por ello en otro procedimiento penal) que se prestó a recibir cocaína para la banda. Presuntamente, ese receptor dio la dirección de su abuela y el nombre de su madre como destinataria de un paquete con dos hamacas que ocultaban un kilo de cocaína.
El bulto procedía de Brasil y llegó a un domicilio próximo a la carretera de Matadepera. La Guardia Civil lo había detectado en el aeropuerto de Barajas y vigiló su entrega controlada el 12 de junio del año pasado. La madre fue detenida pero el hijo asumió su responsabilidad. Ella salió libre y él ingresó en prisión. Fue condenado. La fiscal habla de otro paquete similar, de semejante procedencia, con tapetes de punto impregnados de coca.
El 30 de octubre pasado entró la Guardia Civil en tres inmuebles, dos radicados en Terrassa y uno en Rubí. En un domicilio encontraron treinta gramos netos de marihuana. En otro, una balanza de precisión, una agenda con anotaciones manuscritas "relativas al ilícito tráfico y consistentes en nombres o apodos junto a cifras numéricas" y una prensa metálica "utilizada para la compactación de cocaína", asegura la fiscal.
Plantaciones
En el tercer registro se intervinieron dos plantaciones de marihuana, con 352 plantas en total, aparte de cuatro básculas "y material para la extracción de cocaína y compactación para dar forma sólida y rígida en forma de ladrillo". La acusación pública concluye que los guardias civiles confiscaron en la operación 277 gramos de marihuana, más de 242 gramos de cocaína, un kilo de sustancia que contenía cafeína y más de un kilo de levamisol, sustancias estas últimas usadas para la mezcla de coca. Y dos escopetas de cañones recortados y un centenar de cartuchos.
El Ministerio Público incluye en su escrito la comisión de delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, pertenencia a grupo criminal y tenencia de armas prohibidas. Sólo por el primero pide para cada procesado nueve años de prisión y multas de 590.000 euros.
