La Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca considera que es "urgente y necesario" reformar la normativa vigente de los alquileres en Catalunya. Según esta entidad, hay dos cuestiones que hay que modificar para "aligerar" la presión económica que recae sobre los inquilinos: la primera sería establecer un plazo de cinco a siete años en los contratos de alquiler y, el segundo, derogar la posibilidad de poner fin al contrato unilateralmente, por parte del arrendador, excepto en casos concretos.
La Cambra de la Propietat Urbana, en un comunicado, recuerda que los alquileres "se han encarecido", a la vez que son escasos y que, con toda seguridad, continuarán subiendo. Esta situación, según este organismo egarense, "provoca una inseguridad jurídica" a los inquilinos pero, también, menoscaba a los propietarios de los inmuebles, ya que "distorsiona la realidad".
En este sentido, la Cambra de la Propietat Urbana, recuerda que todo esto emana de la modificación que el gobierno de España impuso con la Ley 4/2013, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, que tenía como destinatarios "el mundo financiero, la banca y sus inmobiliarias" y los conocidos como "fondos buitre".
Ante el debate sobre esta cuestión, abierto en Catalunya, respecto a la modificación de la situación legal de los arrendamientos urbanos, y en lo que afecta a las viviendas, la Cambra ha querido posicionarse y, por este motivo, se ha dirigido al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet.
Una de las causas
En un comunicado dirigido a la administración catalana, esta entidad egarense expone que los cambios que se introdujeron en la regulación de la legislación española, y que recortaban el tiempo de duración mínimo de los contratos, son una de las causas de la situación actual. Además, se rememora que estos cambios no fueron propuestos por el sector de la propiedad urbana, si no que "en la práctica, ha sido al servicio de las grandes empresas financieras".
Así pues, la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca solicita que se reforme esta normativa que está en vigor, especialmente en dos apartados que beneficiarían a los inquilinos y mejorarían su "estabilidad y seguridad jurídica". Estos dos puntos son los mencionados al principio, fijar un plazo mínimo de 5 a 7 años en lo que se refiere a los contratos de alquiler, y derogar la posibilidad de que el arrendador pueda romper el acuerdo, excepto por causa de necesidad, apreciable judicialmente en un procedimiento ordinario.
