El pleno de mayo ha dado vía libre a la última prórroga a Mina al frente de la gestión del servicio del agua en Terrassa y ha procedido al nombramiento del consejo de administración de la empresa pública -Terrassa cicle de l’Aigua, EPEL- que asumirá la gestión a partir de diciembre. Arranca así la nueva sociedad municipal y lo hace con polémica.
Ciutadans y PP acusaron a los grupos favorables a la municipalización de crear "un consejo de administración de amiguetes". De las cuatro plazas del consejo reservadas a los políticos, tres las ocupan concejales del PSC (presidencia), TeC (vicepresidencia) y ERC-MES, formaciones favorables a la gestión directa, y la cuarta el PDeCAT, que se ha incorporado en el último momento.
El popular Alex Rodríguez acusó a los partidos de ignorar a las fomaciones que se oponen a la gestión pública. "Quieren un instrumento político más de poder para seguir extendiendo su red de influencia", dijo.
Javier González, de Ciutadans, optó por parafrasear el lema de la campaña por la municipalización "se escribe agua, se lee democracia": "Se escribe agua y se lee nepotismo", dijo al equipo de gobierno. "Colocan a su socio en la vicepresidencia, al asesor del alcalde como técnico y echan a la opinión crítica". Y añadió: "Deseo que no suban las tarifas y no corten el agua a quienes no piensen como ustedes".
"No han querido estar"
Los partidos por la gestión pública salieron en tromba a defender la composición del consejo de administración de la EPEL y a denunciar que es Ciudadanos quien se ha negado sistemáticamente a estar presente en las empresas municipales. Sólo forma parte del consejo de administración de la Societat Muncipal de Comunicació, como reconoció el propio portavoz.
"No están en los consejos de las empresas públicas porque no están por la gestión pública", reprochó el socialista Marc Armengol.
Carles Caballero, de ERC-MES, invitó a Cs y a PP a sumarse a los consejos de las empresas municipales, donde "no cobramos retribución y asumimos responsabilidades penales, políticas y patrimoniales. Ustedes se escaquean, así que les invito a asumir la misma responsabilidad que nosotros".
La EPEL pretende implantar un nuevo modelo de empresa pública, más participativa y transparente, dijo Xavier Matilla, de TeC. "Este es un paso irreversible" hacia un proyecto que huye de la tentación de convertir los consejos de administración públicos en espacios de debate político. "El control político corresponde al pleno", recordó.
Para Matill, con la puesta en marcha de la EPEL se entra "en un proceso de normalización, por eso les invitamos a evitar comentarios para erosionar". El portavoz de TeC recordó que en breve se creará el Observatori de l’Aigua, un órgano que supervisará la buena parcha de la gestión pública. "Se aumentan las garantías democráticas. Curiosamente ustedes no se han quejado de la falta de esas garantías en la etapa anterior".
El debate sobre la gestión pública o privada de los servicios ocupó el jueves parte del pleno y se traslado a la moción de TeC, que pidió crear un observatorio de la contratación que supervise los contratos públicos y la eficacia de las concesiones.
La propuesta salió adelante pese a las críticas de varios grupos políticos, que la consideraron una "interferencia" ya que El Consell d’Economia Social impulsa un proyecto idéntico a propuesta de la Xarxa d’Economia Social. Matilla dijo contar con la aprobación de la Xarxa para llevar el tema al pleno y recordó que el proyecto está pendiente desde hace dos años.
"Estamos ante un cambio de ciclo en la concesión de los servicios públicos", comentó Isaac Albert, portavoz de ERC. El político apuesta por "recuperar servicios que han estado en manos de grandes corporaciones que luchan a muerte por el control de los servicios públicos".
En este momento el Ayuntamiento de Terrassa tiene 134 contratos de servicios por un importe de 27 millones de euros al año y "seis de esos contratos superan el millón de euros". El dato lo dió Matilla, que denuncia un " abuso de la concesión automática", de la dinámica "del ahorro económico a través de bajas en los concursos. Porque con la concesión te olvidas del problema", que acaba derivando en "precariedad laboral y opacidad".
El comentario no gustó nada al alcalde Alfredo Vega, que defendió las contrataciones municipales. El líder de TeC se había referido explícitamente en su intervención a servicios como el del agua, el de la atención domiciliaria o la limpieza y los comedores escolares.
"Le ha faltado rigor al hablar de abuso", recriminó, porque Terrassa es uno de los ayuntamientos de Catalunya y de España que gestiona más servicios. Denunciar precariedad en las subcontratas municipales "es temerario", ya que "los pliegos de cláusulas de los concursos establecen condiciones las de trabajo". Cuestión a parte, afirmó Vega, es la precariedad derivada " de la Reforma Laboral, contra la que no tenemos capacidad de intervenir".
Eco Equip
Al pleno de las empresas públicas acudieron el jueves los trabajadores de Eco-Equip para reivindicar la contración de más personal, tal ha annciado anunció el gobierno. En el turno de ruegos y preguntas, el concejal del área Marc Armengol explicó que la partida prevista para las contrataciones está bloqueada por la regla del gasto y que, si no se desbloquea rápido, "si podemos intentaremos avanzarla".
