La puesta en marcha de la empresa pública del agua -"Terrassa, Cicle de l’Aigua, EPEL"-será una realidad esta misma semana. El pleno del mes de abril aprobará el nombramiento de los representantes políticos en el consejo de administración, que estará presidido por Marc Armengol, teniente de alcalde de Territorio y Sostenibilidad, y que otorga la vicepresidencia al portavoz de TeC Xavier Matilla, así como las dos consejerías políticas restantes a Carles Caballero (ERC) y Miquel Sàmper (PDeCAT). El Consistorio dará también luz verde al inicio de la actividad de la entidad pública empresarial local el viernes 1 de junio, una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) la aprobación definitiva de los estatutos.
La EPEL inicia así su trayectoria con la vista puesta en el próximo 10 de diciembre, fecha en la que se consumará el traspaso. Un día antes, el 9 de diciembre, culminará la última prórroga de la gestión del servicio a Mina, que en diciembre de 2016 finalizó su contrato como gestora privada del suministro en la ciudad. El 10 de diciembre es la fecha fijada por el Ayuntamiento para el inicio de la gestión pública del servicio del agua en Terrassa.
Local y personal
El nombramiento del consejo de administración de la EPEL permitirá iniciar los trámites previos a la puesta en marcha de la empresa pública. A los cuatro representantes políticos se sumarán cuatro técnicos -Joan Gaya, asesor del alcalde para temas del agua; Marc Cadevall, director de servicios de Territorio y Sostenibilidad; Dolors Mejías, gerente de la empresa municipal Foment y un cuarto por decidir-, además de dos representantes de los usuarios y uno de los trabajadores.
Dos de las primeras decisiones que tomará el consejo serán el nombramiento de un gerente y la elaboración del presupuesto para los ejercicios 2018/2019, cuentas que deberá refrendar la junta general, que es el pleno municipal. En paralelo, el consejo deberá buscar unas oficinas, un almacén par ala empresa y dotarlas de equipo informático y software. La empresa deberá cerrar también la subrogación de los bienes y de la plantilla de Mina afectos al servicio.
Los técnicos municipales ya han iniciado las prospecciones inmobiliarias, a la búsqueda de un edificio céntrico y bien comunicado. La administración se interesó hace tiempo por saber qué utilidad daría Mina a sus oficinas de la calle de la Societat, donde hubiera estado dispuesta a ubicar la EPEL por comodidad para el servicio y para los usuarios. Fuentes municipales aseguran no haber obtenido respuesta de la concesionaria, motivo por el cual barajan opciones alternativas en el mercado inmobiliario.
Por lo que respecta al personal, Mina ya ha depositado ante notario la información correspondiente a los 129 empleados de la compañía que a su juicio deben subrrogarse al Ayuntamiento por estar vinculados al servicio. La administración ya ha retirado el informe, que ahora deberá trabajar al detalle para revisar caso por caso, mantener las condiciones laborales de origen y adaptarlas al sector público.
Esta es una de las informaciones sensibles que la administración reclamaba desde hace tiempo a Mina y que la compañía ha facilitado a pocos meses de la gestión pública. Queda pendiente la entrega de los datos de los abonados, de sus cuentas corrientes y los padrones del servicio, información imprescindible, por ejemplo, para girar los recibos.
Mina es propietaria del fichero que contiene esos datos confidenciales, que deberán ser transferidos para incorporarlos a un nuevo fichero municipal, igualmente confidencial.
Recta final
La transferencia de los datos de los abonados y la reversión de los bienes afectos al servicio son claves en la recta final del traspaso, que debe acelerarse a la vuelta de vacaciones. Nadie en la administración quiere pensar que esos dos trámites no estén resueltos el día 9 de diciembre, fecha prevista para el cambio en el modelo de gestión.
La reversión de bienes es uno de los temas del proceso que se dirimirá finalmente en los tribunales. Mina y el Ayuntamiento mantienen serias discrepancias que han trascendido por la valoración económica que cada uno hace del coste de la liquidación: Mina hizo pública en su momento la cifra de 60 millones de euros y el asesor del alcalde, Joan Gaya, apuntó una estimación inferior a los dos millones de euros.
Los técnicos municipales esperan tener cerrada la propuesta definitiva de liquidación de la concesión (1941-2016) en otoño. En ella se tienen en cuenta aspectos como las inversiones realizadas, los importes cargados a las tarifas y las amortizaciones. Después del 10 de diciembre, el Ayuntamiento cerrará la propuesta complementaria de liquidación de los últimos dos años de prórrogas.
