En un colchón, a pelo, sin sábanas, duermen dos pequeños, uno de 4 años y otro de 1. “¿Cómo no vamos a hacer esto por ellos?”, suelta su padre en una voz baja que, no obstante, resuena en el piso que la familia ha “ocupado” porque está vacío de enseres, aún. Eran tres las familias que han entrado a vivir en otros tantos pisos de propiedad municipal radicados en el Parc de Gernika, en Torre-sana. El Ayuntamiento les ha conminado a abandonarlas porque, asegura, están destinadas a otras personas adscritas un programa para familias en situación de vulnerabilidad. Y una de las familias decidió marcharse ayer.
Eran, en total, cinco adultos y seis menores. Cierto día recibieron la información de un contacto, de alguien especializado en detectar viviendas vacías y dar la patada en la puerta y facilitar las llaves a personas necesitadas de techo. Un traspaso ilegal a cambio de 400 euros.
Aseguran que entraron en estas tres viviendas del Parc de Gernika la semana pasada. Algunos, como un matrimonio con tres criaturas, después de diversos tumbos por pisos varios y luego de vivir “tres días en una furgoneta”. La madre dice que ni ella ni su parentela volverán más a pernoctar en un coche por carecer de vivienda.
Otra ocupante, con dos hijos, ingresó en urgencias de un hospital el lunes, aquejada de una cris asmática, y dice que el Ayuntamiento aprovechó su ausencia para colocar una puerta de hierro, blindada, de las llamadas “antiocupas”, en la vivienda. Lo mismo aseguran los otros afectados, dos más: que el miércoles, cuando estaban fuera, en unos quehaceres unos, en otros quehaceres otros, unos operarios pusieron las puertas macizas. Todo en un rato. “Ahora nos vemos obligados a entrar en los pisos por las puertas de atrás”, declaran. Esas viviendas, como otras de la misma zona, tienen puertas que separan las cocinas de una escalera exterior que baja hasta la calle.
En el mismo bloque “hay muchas más viviendas vacías”, también de Habitatge Terrassa, sociedad municipal. “Parece mentira que un ayuntamiento nos trate peor que los bancos”, comenta una denunciante.
No desean vivir gratis, aseguran. “Yo quiero pagar. Hay vecinos que pagan un alquiler de 90 euros, otros uno de 150”. Algo así, apuntan, podrían abonar ellos. “Señor alcalde, necesitamos una vivienda. No nos negamos a pagar alquiler”, rezaba una de las pancartas reivindicativas que habían colgado de los balcones. Las elaboraron el jueves.
“El Ayuntamiento nos echa a la calle. A tres familias con menores”, se podía leer en otra. “El Ayuntamiento y Habitatge nos echan en nuestra ausencia. Allanamiento de nuestra vivienda”, indicaba una tercera pancarta. “Nos han dado de plazo hasta el miércoles próximo. Si no nos vamos, nos denunciarán en los Juzgados”, apunta una de las “ocupas”. “De verdad, no tenemos donde ir”, lamenta otra vecina mientras su pareja añade que sólo quieren “estabilidad”, abandonar ya esa procesión de ocupaciones y desalojos en que han devenido sus vidas. Ni han traído muebles aún porque no saben cuánto durará su permanencia allí. “Nosotros llevamos seis años a la espera de una vivienda”, explica un ocupante. “Precisamente estas viviendas son para casos como los nuestros, ¿no?”.
Firmeza
En efecto, el Ayuntamiento pondrá una demanda si no se marchan. Denunciará tanto la ocupación ilegal como supuestos daños, y para sustanciar su acción legal tiene partes de la Policía Municipal e imágenes de cámaras de seguridad. Lo afirma Eva Candela, concejal de Vivienda. La edil manifiesta que estos ocupantes “no son susceptibles de estar en el circuito de emergencia” del Consistorio y que los pisos, luego de unos retoques, iban a ser adjudicados a otras personas que sí figuran en el programa para familias vulnerables. Unos técnicos “ya estaban mostrando” las viviendas a los interesados.
No parece que la administración municipal vaya a vacilar. Según Candela, las ocupaciones no se ejecutaron la semana pasada, sino el miércoles. Y las puertas de hierro ya estaban colocadas, indica.
