El día señalado para la toma de posesión del nuevo Govern de la Generalitat, frustrada por la decisión del Gobierno del PP de no autorizar la publicación en el DOGC del nuevo Executiu, los dos consellers egarenses del equipo de Joaquim Torra afrontan su futuro político/judicial con la vista puesta en la Moncloa y en los tribunales. Josep Rull, "restituido" por el President como conseller de Territori i Sostenibilitat, y Lluís Puig, pendiente de reeditar su cargo como conseller de Cultura, dejan clara su voluntad de recuperar las carteras y reincorporarse al Govern de la Generalitat, aunque sea a través de la figura interpuesta de un comisionado.
Josep Rull es quien tienen más difícil volver a dirigir la política de infraestructuras de Catalunya. El político egarense suma tres meses en prisión provisional en Estremera acusado de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. El lunes, durante la visita del President Quim Torra a los políticos presos, Rull manifestó su voluntad de tomar posesión como conseller, mientras su abogado trasladaba al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena la petición de libertad para que pudiera acudir hoy a la toma de posesión.
Ayer mismo Llarena denegaba la solicitud al advertir riesgo de reiteración delictiva. El magistrado entiende que el peligro se ha visto incrementado por "la voluntad expresada por el nuevo President de que impulsará la república independiente ilegalmente declarada".
Con la sesión de investidura en el aire y cuatro consellers presos o en el extranjero, el regreso de Rull a la conselleria de Territori esta hoy lejos de ser una realidad.
Incluso si prosperara, su restitución en el cargo sería provisional y simbólica. En este momento el político egarense tiene sus derechos civiles intactos y nadie ha descartado que, si no puede abandonar la prisión, Torra ordene tomas de posesión por vía notarial, como apuntan fuentes independentistas.
En cualquier caso sería por pocas semanas. La instrucción de la causa en la Sala Segunda del Tribunal Supremo avanza y, en cuanto el magistrado Llarena dicte auto de procesamiento, se espera que en semanas, Josep Rull y Jordi Turull quedarán inhabilitados para ocupar cargo público.
Será en ese momento cuando los comisionados, con atribuciones de viceconsellers, tomarían las riendas de las consellerías. En Territori i Sostenibilitat, el número dos de Josep Rull es Damià Calvet, teniente de alcalde de Urbanismo, Economía i Hacienda de Sant Cugat. Militante del PDeCAT de 50 años, responde al perfil de político "limpio" que reclama Mariano Rajoy y suma varios años de experiencia en la consellería, donde fue jefe de gabinete, director general de Arquitectura i Habitatge y secretario de Territori i Mobilitat.
A mil kilómetros de distancia, Lluís Puig no duda del carácter ejecutivo de su nombramiento. Así lo expresa en declaraciones a Diari de Terrassa desde Bruselas. "Con la firma del decreto de nuevo Govern por parte del President Quim Torra nos damos por restituidos", afirma, para dejar claro a renglón seguido que la voluntad del nuevo Executiu es que el nombramiento de los consellers cesados "sea ejecutivo, no se quede en el plano simbólico".
Desde la distancia
Sobre Lluís Puig pesan las acusaciones de desobediencia y malversación, tipos penales que no llevan aparejada la inhabilitación política. "Coincido con Rull y Turull en la voluntad de recuperar la consellería de Cultura", insiste.
En su caso, la idea es "tener oficina permanente en Bruselas como conseller, despachar a diario con la comisionada -Laura Borràs- y mantener reuniones periódicas con los equipos de trabajo". El político egarense no ve problema alguno en afrontar la dirección de la política cultural catalana desde la distancia. "Puedo decir que he hecho más gestiones por la cultura catalana estos seis meses en Bruselas que en otros momentos de mi carrera profesional".
Puig acusa al gobierno del PP de no querer levantar la aplicación del 155 en Catalunya "para seguir poniendo palos a las ruedas de la formación de un Govern que emana de unas elecciones convocadas por ellos mismos". Frenar la toma de posesión del nuevo Executiu impidiendo la publicación de los nombramientos en el DOG es, a su juicio, "un acto de prevaricación. Y no lo digo yo, lo dicen infinidad de juristas".
El político egarense considera "inaudito" que el Gobierno central frene un decreto del President de la Generalitat "cuando no tiene potestad para ello". Si ve inconveniente en la restitución de los ex consellers, sugiere, "que interponga una demanda tras la publicación, porque si no estamos ante un caso flagrante de dictadura, ya que no hay opción alguna a recurrir ese bloqueo".
Hoy se votan los Presupuestos del Estado en el Congreso y el conseller Puig aprovecha para pedirle al PNV que "se mantenga firme y fuerte. Nosotros lo estamos haciendo, por eso pido al Partido Nacionalista Vasco que, ya que son aritméticamente necesarios, resistan" y no apoyen las cuentas del Gobierno del PP si no levanta la aplicación del artículo 155 en Catalunya.
Respecto al apoyo del PSOE a la intervención de la Generalitat por parte del Estado, "me entristece. Hay muchos socialistas en las cunetas por defender la democracia y la libertad para que hoy su partido acabe aplaudiendo al PP".
Pendiente de la última hora de la actualidad política, Puig asegura haber aceptado la vuelta a la consellería convencido de que será "para cuatro años". Mientras se despejan las dudas sobre la toma de posesión del nuevo Govern, dice sentirse bien en Bruselas, "trabajando y muy apoyado. Mentalizándome de que igual habrá que esperar a que nuestra causa llegue a Estrasburgo para regresar a mi país con la cabeza muy alta, que es como deseo hacerlo". Pueden pasar entre 7 y 8 años antes de que la causa se vea en el Tribunal de Derechos Humanos, un periodo que Puig asegura haber interiorizado. "Estoy dispuesto a permanecer ese tiempo aquí porque es el momento que me ha tocado afrontar. Esta es la culminación de mi vida como profesional de la cultura".
