"Lamentamos los perjuicios ocasionados a la ciudadanía por este paro". Así acababa el comunicado conjunto de las asociaciones de jueces y fiscales sobre la huelga que ambos colectivos realizaron ayer en toda España y que en Terrassa se dejó notar. Doce de los catorce magistrados titulares en órganos judiciales de la ciudad secundaron un paro convocado para expresar el "profundo malestar" de fiscales y jueces "ante la dejación y abandono" de la Justicia.
Reclaman que se refuerce la independencia judicial, así como la independencia "y autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal" y que se modernice la Administración de Justicia. Y que se mejoren las condiciones profesionales de los miembros de las carreras judicial y fiscal. Piden también "la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto". Y reparten culpas, pues unas competencias son del Gobierno, otras del Consejo General del Poder Judicial y otras de los grupos parlamentarios.
"El balance no puede ser más decepcionante en todos estos meses que llevamos de negociaciones", dice el comunicado. "Hasta la fecha, el Gobierno no ha incrementado el número jueces y fiscales a fin de ir equiparándolo a la media europea", añaden las asociaciones, y subrayan que "tampoco se ha convocado la mesa de retribuciones que por ley debe reunirse cada cinco años con el objeto de reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos ocho años".
En Catalunya, 450 de los 719 jueces activos secundaron la huelga, según datos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya publicados por la agencia EFE.
