Terrassa en Comú (TeC) presentará en el pleno de este mes una propuesta para lograr más transparencia y control sobre los servicios públicos que llevan a cabo empresas privadas o públicas. Para ello solicita elaborar un reglamento y crear un observatorio de la contratación pública, con funciones de órgano consultivo y con representación de todos los grupos políticos municipales, entidades ciudadanas y agentes sociales.
El portavoz del grupo, Xavier Matilla, argumentó que han tomado esta iniciativa porque el tema de la externalización de servicios les preocupa. Matilla aportó datos. Explicó que el Ayuntamiento de Terrassa cuenta con 134 adjudicaciones de servicios públicos por un valor anual de unos 27 millones de euros. Indicó que de estas 134 hay seis que están por encima de un millón de euros y que hacen referencia a prestaciones importantes como el servicio de comedor de las escuelas públicas, el de atención domiciliaria (SAD), el proyecto TEI, el del mantenimiento de las zonas verdes, el de la limpieza y el de la energía eléctrica.
El portavoz admitió que "es una práctica habitual que ayuntamientos y otras instituciones públicas adjudiquen servicios a empresas privadas y públicas" pero alertó que en Terrassa, esta práctica ha derivado en abuso" y acusó al gobierno de "haberse instalado en la cultura de optar por esta vía porque se ahorra dinero y problemas en la gestión".
Perverso
Matilla señaló que defender esta tesis es "perverso porque, al final, lo que sucede es que las rebajas económicas acaban por restar calidad al servicio y generar conflictos laborales y, además, el Ayuntamiento no tiene ningún control sobre ello porque ha adjudicado el servicio público a una empresa".
El portavoz también se remitió a ejemplos. Citó el servicio del comedor escolar de las escuelas públicas, recordando que Serhs ganó especialmente porque se comprometía a dar 500 becas anuales. "En este momento tenemos constancia de que la baja en su oferta ha acabado por repercutir en los trabajadores -hoy están en situación más precaria- y en la calidad porque hay familias que se quejan de que sus hijos pasan hambre".
Asimismo agregó que "la misma situación está pasando en el servicio de limpieza de los edificios municipales y en el servicio de atención domiciliaria. Y, además, el colectivo laboral afectado son mujeres". Matilla ahondó en que "el drama, además, es que el Ayuntamiento puede negar y niega la problemática cuando se expone en comisión o en el pleno porque no sabe qué pasa".
