El debate sobre el derecho a la vivienda y el papel que los municipios deben jugar frente a los pisos vacíos en manos del sector financiero y los grandes tenedores protagonizó el pleno del jueves. Lo hizo además en un inusual clima de consenso político que no estuvo exento de algunas dosis de tacticismo y el habitual juego de reproches.
La propuesta que salió adelante fue la formulada por Terrassa en Comú, que pedía al Ayuntamiento reactivar de manera “urgente” los artículos de la Llei 4/2016 de protección del derecho a la vivienda de las familias en riesgo de exclusión, sobre los que el Tribunal Constitucional ha levantado su suspensión. Así, la moción aprobada por una amplia mayoría de los grupos, acuerda que la administración local impulsará la expropiación de uso de 4 a 10 años de los pisos vacíos inscritos en el registro de la Generalitat, y durante 3 años de las viviendas de las familias excluidas tras una dación en pago.
La moción resuelve también la obligación de que el 30% del techo de nueva edificación o rehabilitación integral se destine a vivienda de protección oficial en régimen de alquiler, así como la declaración de áreas de conservación y rehabilitación de aquellas zonas con viviendas en riesgo de deterioro, para frenar procesos de especulación inmobiliaria que pongan en riesgo la cohesión social.
Buscando fórmulas
La concejal de Vivienda y Mediación Comunitaria Eva Candela explicó que “todos los acuerdos se ajustan a la ley” y, en consecuencia, “es nuestra obligación sacarlos adelante”. El mismo argumento que esgrimió el PP para apoyar, aunque en su caso parcialmente, la moción de TeC. El gobierno municipal ya tiene en marcha 22 expedientes de tanteo y retracta, dijo Candela. Ahora “intensificaremos el trabajo” y “buscaremos fórmulas” para dar cumplimiento a la Llei 4/2016.
Durane el debate, Xavier Martínez, de Terrassa en Comú, explicó que la ciudad afronta “una burbuja del alquiler tras la estafa inmobiliaria” de 2009 y recordó que “la administración local tiene herramientas para contribuir a solucionar el problema”. El objetivo de la propuesta es aumentar el parque público de viviendas de alquiler, que ahora es del 13% en la ciudad, y que alcance en 15 años los estándares europeos, que se sitúan entre el 15 y el 20%.
La moción incluye el compromiso municipal de explorar la expropiación definitiva de los pisos vacíos en manos de los bancos, una propuesta de la CUP incorporada al documento en formato de estudio. “La expropiación temporal –defiende su portavoz Marc Medina– corre el riesgo de convertirse en un nuevo rescate a la banca, a la que el Ayuntamiento retornaría los pisos rehabilitados”.
En esa argumentación los antisistema coincidieron con Ciudadanos. Su concejal, David Aguinaga, apeló al pragmatismo político y tildó a los grupos que impulsan la expropiación temporal de “Robin Hoods” de la política. La expropiación definitiva no podrán financiarla los ayuntamientos, dijo, y la temporal acabará beneficiando a la banca. ´
Los argumentos de la formación naranja, arrogándose la defensa del derecho a la vivienda y la promoción del alquiler social, indignaron a la oposición de izquierdas, que rechazó frontalmente la propuesta alternativa sobe la vivienda presentada por Ciudadanos. El partido proponía al Ayuntamiento recurrir al Banco Europeo de Inversiones para la compra de los pisos vacíos en manos de los bancos y crear una sociedad mixta con promotores y entidades sociales para edificar vivienda social en suelo público.
La CUP y ERC-MES tacharon la propuesta de “oportunista” y TeC, que se reservó la réplica para este momento, reprochó a Ciudadanos que en Terrassa defienda el alquiler social cuando la formación vetó el debate sobre “la ley de la PAH y ha rechazado las propuestas del Sindicato del Alquiler. Si se compromete a aceptar la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y a dotar el Plan Nacional de la Vivienda le votamos la moción”, ironizó Xavi Martínez.
La propuesta de Ciudadanos salió finalmente adelante con el apoyo del PSC y del PDeCAT. Los socialistas también pusieron condiciones. Pidieron que Albert Ribera apoye la propuesta del PSOE de aumentar el tiempo de los alquileres de 3 a 5 años. No hubo compromiso, pero el PSC acabó apoyando.
