En Terrassa el alquiler medio ronda los 525 euros y la curva de precios de los últimos doce años describe la misma silueta que la de Barcelona. El número de contratos de alquiler se ha disparado hasta situarse en los 4.782 a finales de 2017, año en que un 58% de los desahucios, seis de cada diez, los protagonizaron inquilinos.
La burbuja del alquiler ya es metropolitana, sostiene el Sindicat de Llogaters, que ayer acudió a Terrassa invitado por el Ateneu Candela para presentar su proyecto en la ciudad. Carlos Pallarol, miembro de la plataforma, fue el encargado de explicar la experiencia del Sindicat, que nació hace un año en Barcelona y ya tiene presencia en capitales como Madrid y en Catalunya.
El Sindicat de Llogaters denuncia que el alquiler se ha convertido en un objeto de especulación en manos de la banca -hoy el primer actor inmobiliario- y los fondos de inversión, que han impuesto una escalada de precios que expulsa a diario a familias, estudiantes, pensionistas y asalariados de las viviendas. "Estamos ante un problema de país -explica Jaime Palomera, portavoz de Sindicat de Llogaters-. Hoy los inquilinos destinan un 50% del sueldo bruto al alquiler y los menores de 35 años más del 65%, cuando no debería superar el 30%. Desde hace cuatro años lideramos el ranking del gasto en alquiler".
La plataforma denuncia que la del alquiler es una "burbuja cocinada desde la política" a través de la reforma fiscal de 2012 , que liberó de impuesto de sociedades a los fondos de inversión que compraran o alquilaran inmobiliario; la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, que recortó las garantías a los inquilinos, y el "desahucio exprés" incorporado en 2017 a la Ley de Enjuiciamiento Civil. "Han convertido el alquiler en un producto financiero, en una opción precaria", dicen.
Estabilizar el alquiler
Terrassa no escapa a esta realidad, que trasciende la ciudad de Barcelona y ya afecta a las ciudades del área metropolitana. En ese contexto, el Sindicat de Llogaters surge en defensa del derecho a la vivienda y a un alquiler asequible y estable, con una llamada a la movilización activa. El colectivo ya ha parado y negociado a la baja los alquileres de dos comunidades en Manresa y Sant Joan Despí.
La plataforma defiende un decálogo de mínimos que pasa por estabilizar los contratos, fijando periodos de 12 años para grandes propietarios y 6 años para pequeños, así como renovación automática. Proponen que las rentas se indexen al IPC, que las fianzas que no superen el mes de cuota y se movilicen los pisos vacíos en manos de los bancos.
