En Terrassa se practicaron 565 desahucios durante el año 2017, lo que supone una media de dos lanzamientos cada día laborable. La cifra ha repuntado respecto al año 2016, en el que 523 familias perdieron su vivienda vía proceso judicial, y apunta un posible cambio de tendencia, después de varios ejercicios de retroceso continuado de las estadísticas de los desahucios en la ciudad. En 2016, Terrassa era el tercer municipio de Catalunya en número de lanzamientos y aglutinaba el 40% de todos los ejecutados en la comarca del Vallès Occidental. La cifra acumulada de los últimos cinco años confirma ese dramático liderazgo. Entre 2012 y 2017 se han ejecutado 3.251 desalojos, la cifra más elevada por detrás de los partidos judiciales de Barcelona y l’Hospitalet.
Los datos del Consejo General del Poder Judicial revelan que el drama de la pérdida de la vivienda está lejos de remitir en la ciudad, donde centenares de personas siguen sin recursos para poder costear un techo bajo el que cobijarse. Las cifra actual de los desahucios mejora respecto a 2013, año en el que Terrassa tocó techo con 773 expedientes, tres cada día, pero demuestra que, pese a la tímida recuperación económica, la pobreza habitacional amenaza con convertirse en estructural.
Durante el año pasado se desahuciaron en Terrassa un 4,3 por ciento de todas las familias que perdieron su casa en Catalunya, 13.626. La provincia de Barcelona concentra el grueso de los desahucios que se practicaron en tierras catalanas, 11.100 el año pasado. Un 5% de ellos se llevaron a cabo en la ciudad, donde el drama siguen protagonizándolo los alquileres.
Entre enero y diciembre de 2017 abandonaron la vivienda 325 inquilinos en la ciudad, frente a 145 propietarios que salieron de casa tras dejar de pagar la hipoteca. Los desahucios por alquiler bajaron levemente en 2017, pero siguen copando el grueso de los procedimientos judiciales. Desde 2013, 6 de cada diez desahucios en la ciudad son alquileres.
Moratoria
Los lanzamientos hipotecarios han pasado a un segundo plano en los últimos años. Uno de los motivos es la moratoria aprobada por el Gobierno central para que las familias sin recursos puedan quedarse en sus viviendas hasta 2020, aunque éstas hayan pasado a titularidad del banco con el que firmaron la financiación.
No hay moratoria para los inquilinos, que se enfrentan a un mercado cada vez más especulativo y con escaso margen a la negociación. Grandes tenedores al margen, la continuidad en la vivienda de muchos inquilinos depende de la capacidad que tenga su casero de soportar la deuda o aceptar una salida alternativa. Cuando el propietario es un particular pequeño tenedor, alguien que depende de esa renta para sobrevivir, las posibilidades de acuerdo son nulas.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) advierte de que "el drama de los desahucios no ha remitido en la ciudad, está mutando. Hoy el problema está en los alquileres y en los desahucios silenciosos". Guille Domingo, de la PAH, explica que muchas víctimas de esos desahucios que escapan a la estadística son hoy familias que arrastran el drama de no tener una vivienda estable desde hace casi una década.
"Son personas que hace años pactaron una dación en pago con el banco y un alquiler social". Estos contratos se acaban a los 3 años, fecha en que "la entidad financiera revisa el alquiler al alza, expulsando a los inquilinos". Formalmente es un final de contrato, no consta como desahucio, aunque las familias se ven igualmente en la calle ante la imposibilidad de hacer frente a un alquiler a precio de mercado.
A este colectivo hay que sumar el de las víctimas de las subidas de los alquileres, en un mercado en constante escalada de precios. Estas "expulsiones", individuales y silenciosas, también escapan a la estadísticas porque tampoco salen de la legalidad.
La plataforma pone en duda que el volumen real de los desahucios haya descendido en la ciudad. "En números absolutos estamos prácticamente como en 2008", afirman.
En las asambleas de la PAH todos los martes en el centro cívico President Macià siguen participando una media de entre 100 y 150 personas. La plataforma intervino el año pasado en 110 desahucios y logró pararlos todos. A la sede de la PAH acuden todos los perfiles, pero sobre todo parejas con hijos pequeños y muchas familias monoparentales, casi siempre madres solas con niños.
Entre los solicitantes de ayuda hay un colectivo, el de las personas mayores de 60 años, que repunta. "Son parejas que han ido aguantando como han podido los últimos años" y ahora, sin trabajo o con ingresos mínimos, ya no pueden pagar la hipoteca o el alquiler. Muchos acumulan años de desempleo y trabajos en precario.
