Jueces y fiscales se concentraron ayer en la escalinata del Palacio de Justicia de Terrassa para reivindicar mejoras en la Administración de Justicia, sumándose así a las movilizaciones anunciadas el pasado 5 de marzo por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales, que arrancaron ayer con una concentración en los partidos judiciales de toda España. Los profesionales de la Justicia piden a las Cortes Generales, al Gobierno central y al Consejo General del Poder Judicial que impulsen las iniciativas políticas y legislativas necesarias para modernizar la Administración de Justicia, reforzar la independencia judicial y mejorar las condiciones profesionales y laborales de jueces y fiscales, recuperando el nivel salarial perdido en 2010 con la crisis.
Ataviados con la toga, los jueces y fiscales de Terrassa pararon ayer a las 13 horas para sumarse a la concentración y dar lectura al manifiesto secundado por las asociaciones judiciales en junio de 2017, asumido por 1.200 juntas de jueces y que cuenta con la adhesión de 3.500 jueces y magistrados.
Las demandas no se limitan al ámbito retributivo. Piden que se regulen las cargas de trabajo, una modificación del régimen de permisos que facilite la conciliación laboral, y una dotación de jueces y fiscales equiparable a las ratios europeas.
Los compromisos de modernización de la Justicia siguen pendientes y los jueces y fiscales advierten de la precarización que impera en las oficinas. Durante los últimos años, la litigiosidad se ha disparado hasta situarse en 126 asuntos por cada mil habitantes.
En ese contexto, consideran necesario un plan de inversión que garantice la creación de nuevas plantas judiciales y fiscales, exigen la convocatoria de 300 nuevas plazas anuales, la modernización de los edificios judiciales y las fiscalías y la digitalización de los equipos y programas.
La elección de vocales del CGPJ
El manifiesto incluye las propuestas para la mejora de la calidad de la Justicia planteadas el año pasado y que no han obtenido respuesta por parte del Gobierno. En ese sentido, piden la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Consejo General del Poder Judicial recupere su régimen competencial y "se garantice la elección de vocales judiciales por los jueces y magistrados, asegurando la igualdad de género y la representatividad". Respecto al nombramiento de altos cargos judiciales, la elección deberçia ser "motivada y adoptada por una mayoría cualificada".
La protesta continuará pese al proceso de negociación iniciado. Jueces y fiscales celebrarán paros parciales de una hora los jueves de cada semana durante un mes y, si no hay acuerdo, no descartan ir a huelga el 22 de mayo.
