Los letrados catalanes dieron ayer un paso adelante para cuestionar las últimas decisiones del magistrado de Tribunal Constitucional Pablo Llarena y en paralelo pedir a los políticos catalanes que busquen una salida a la actual crisis "en el respeto a las leyes y sin unilateralidades".
En un comunicado, el Consell de l’Advocacia Catalana afirma que "sin violencia no hay rebelión" y pide que las dudas jurídicas sobre la aplicación de este tipo delictivo "no se articulen contra los investigados". Aunque sin mencionar expresamente a los políticos catalanes procesados por el Tribunal Supremo, 9 de ellos encarcelados, los decanos y decanas de los colegios de abogados argumentan que la prisión preventiva "es inconveniente y desproporcionada", ya que no se dan "los supuestos para aplicarla", especialmente en el caso de los últimos cinco encarcelados -el egarense Josep Rull, Jordi Turull, Carme Forcadell, Dolors Bassa y Raül Romeva- ya que "nada ha cambiado desde las anteriores decisiones que los dejaban en libertad".
En Terrassa, el colectivo de abogados +DretsHumans protagonizó una concentración frente al Palacio de Justicia, donde dio lectura a su manifiesto. Los letrados afirman que ninguno de los 13 políticos catalanes procesados por el Tribunal Supremo han cometido delito de rebelión porque "en ningún caso ha habido alzamiento violento" y piden a Llarena que revise su auto de procesamiento. Estamos, afirman, ante "un procedimiento judicial con finalidades políticas, que persigue una ideología", y que, más allá de "conculcar los derechos y libertades de los procesados", también "vulnera el principio de legitimidad democrática", impidiendo la investidura de los candidatos a la presidencia de la Generalitat de Catalunya.
