El pleno municipal de marzo aprobó definitivamente el jueves la forma de gestión directa del servicio de abastecimiento de agua, poniendo fin a 75 años de concesión privada en la ciudad. Lo hizo con los votos favorables de 20 de los 27 concejales del Ayuntamiento de Terrassa: PSC, Terrassa en Comú, ERC-MES y la CUP apoyaron el cambio de modelo, el PDeCAT optó por abstenerse, mientras los tres concejales de Ciutadans y el del PP votaron no.
Empieza así la cuenta atrás de un proceso que culminará el próximo 10 de diciembre. En esa fecha finalizará la última prórroga forzosa de seis meses -aprobada el jueves por el pleno- impuesta a la concesionaria Mina y arrancará la gestión municipal del agua a través de la empresa pública " Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL".
La aprobación definitiva de la gestión pública del agua adoptó el jueves tono de solemnidad. El alcalde Alfredo Vega calificó la fecha de "histórica" para el futuro de la ciudad y quiso agradecer a quienes "desde la política, la acción social y profesional" han contribuido al proceso, con mención expresa a la Taula de l’Aigüa, impulsora de la iniciativa y presente en el pleno, a los grupos municipales, "voten lo que voten", y especialmente "a todos los concejales del mandato 2015-2019, estén o no en la sala de plenos".
Vega aludía así a los ediles del PSC que dimitieron en bloque el pasado noviembre y al ex alcalde Jordi Ballart, bajo cuyo mandato se tomó la decisión política de impulsar la gestión pública del agua en la ciudad. Ballart abandonó el cargo denunciando presiones en el proceso.
Agua y democracia
El jueves, los partidos celebraron el definitivo cambio de modelo y lo hicieron reivindicando la soberanía del pleno. "No solo hemos decidido el modelo del agua- dijo el alcalde-, hemos mejorado y favorecido la democracia y hemos fortalecido la soberanía municipal. Los verdaderos logros de este proceso son el agua y la democracia".
En el ambiente se respiraba cierto alivio por la culminación de un proceso que ha sido "duro y difícil". No solo por la complejidad técnica del mismo, también por el pulso que han librado la concesionaria Mina y el Ayuntamiento. Por delante, además de la puesta en marcha de la nueva empresa pública, quedan varios contenciosos judiciales impulsados por la compañía y "los que puedan llegar" tras la aprobación definitiva de la gestión directa.
El alcalde Alfredo Vega se refirió en su discurso expresamente a la concesionaria "Mina, del grupo AGBAR Suez", a quien reconoció el derecho "a defender legítimamente sus intereses" aunque, dijo, "en ocasiones ha ido demasiado lejos cuestionando la autonomía municipal y planteando alternativas fuera de la ley". Vega se refería, sin mencionarlo, a la propuesta que Mina planteó al Ayuntamiento de constituir una empresa mixta sin concurso previo. La administración rechazó el proyecto y siguió adelante con un proceso que Mina ha llevado a los tribunales.
"No iremos contra nadie, pero no daremos ningún paso atrás", dijo el alcalde, antes de "tender la mano a Mina" en la delicada recta final de la liquidación de la concesión, para llegar "a formas justas y legales que permitan pasar página".
Un derecho, no un negocio
Los partidos del sí celebraron la decisión definitiva de municipalizar la gestión del agua, que pasa a ser la primera gran ciudad catalana en apostar por la gestión pública y una de las primeras de España.
Marc Medina, de la CUP, celebró que el agua "deje de ser un negocio para ser un derecho" en la ciudad y recordó que, tan importante como el cambio de modelo, es garantizar mecanismos de control sobre la gestión pública. Esa labor corresponderá al Observatori de l’Aigua, un organismo de nueva creación que el jueves CUP y TeC reivindicaron en sus discursos.
ERC-MES recordó que los partidos del sí "cumplimos con la palabra dada en nuestros programas electorales" y acusó a los grupos que rechazan el cambio de modelo de alinearse "con la empresa privada". Aunque han aparentado indecisión durante el proceso, en realidad lo han afrontado "con el voto ya decidido", dijo el republicano Carles Caballero.
El pleno del agua coincidió con el Día Mundial del Agua, una circunstancia celebrada durante la sesión. También Xavi Matilla, de TeC, para quien el del jueves es "un paso firme y definitivo". El portavoz municipal reivindicó el gesto del pleno como un "ejercicio de responsabilidad, de competencias y de legitimidad democrática", porque "la soberanía del Ayuntamiento no se negocia", dijo.
Matilla también mencionó a Mina, que la pasada semana solicitaba al Col.legi d’Advocats de Terrassa que ejerciera de mediador con el Ayuntamiento. En el pleno, el teniente de alcalde de Territorio y Sostenibilidad, Marc Armengol, confirmó el rechazo municipal a la propuesta: "Las decisiones del pleno no se median con un tercero, menos cuando el camino de la mediación es el contencioso".
Matilla fue más allá y acusó a Mina de pedir "diálogo mientras judicializa el proceso, creando un estado de opinión de inseguridad falso". Precisamente esa supuesta inseguridad fue el argumento de peso de los partidos que el jueves optaron por no apoyar la gestión pública.
"Escenario inseguro"
Es el caso de Ciutadans, que durante el proceso coqueteó con la abstención, pero que el jueves votó no. "Han pasado cosas", dijo el portavoz Javier González, en alusión a las alegaciones presentadas al expediente de municipalización de la gestión del agua. La formación naranja cree que "estamos en un escenario inseguro" y, si prosperan los contenciosos, "podemos encontrarnos con responsabilidades jurídicas", incluso "personales para quienes voten favorablemente", llegó a decir. Para González "había alternativa" a la gestión pública "sin poner en riesgo la caja del Ayuntamiento".
También el PDeCAT cree que el gobierno no ha valorado suficientemente los riesgos del cambio de modelo, "que puede acabar costándole mucho dinero al Ayuntamiento". Los promotores de la gestión pública "obedecen a criterios ideológicos", dijo el portavoz Miquel Sàmper.
