Una vez más, el Ayuntamiento cerró el año 2017 con unos ahorros considerables. La liquidación del presupuesto municipal del pasado ejercicio se ha saldado con un superávit de 9,6 millones de euros. Esto obedece por un lado, a la obtención de unos ingresos superiores a los previstos (debido a una mayor recaudación a través de impuestos propios y de la puesta al día en las subvenciones retrasadas que adeudaba el Govern) y, por otro, al ahorro en la ejecución presupuestaria, fruto de "las medidas de rigor, control y austeridad que el gobierno municipal está aplicando des de hace años".
Así lo explicó el alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, que valoró este superávit como algo "muy positivo", y aseguró que el Ayuntamiento tiene "una buena salud financiera y una solvencia que nos permite atender nuestras obligaciones sin dificultades, cumplir con los compromisos con la ciudadanía, seguir pagando a los proveedores en los plazos legales e incrementar la capacidad de inversión, sin pedir ayudas al Fondo de Liquidez Autonómica, como han hecho muchos otros ayuntamientos".
El socialista señaló que la situación financiera vuelve a ser similar a la que había antes de la crisis e informó de que aún está por determinar de qué manera se usará este remanente. La voluntad del gobierno municipal es revertir en la ciudad, mediante inversiones, tanto dinero como la normativa permita, pero, igual que el resto de municipios del Estado, el Ayuntamiento está limitado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que introduce mecanismos de control del equilibrio de las finanzas públicas, como la Regla de Gasto, que fija los incrementos máximos de gasto entre ejercicios.
"Las reglas no están claras. Dicen que se modificarán pero no sabemos cuál será el alcance de estas modificaciones. Después de una crisis importante, tenemos muchas necesidades y tenemos prácticamente 17 millones de tesorería (los 9,6 millones de superávit del ejercicio de 2017 más los 7,5 millones de euros de las partidas condicionadas del presupuesto municipal de 2018 ) que aún no podemos decidir a qué destinar", lamentó Vega.
El primer edil recordó que el gobierno municipal participa de la reclamación al Estado que hacen centenarios de municipios españoles para que este permita a los gobiernos locales decidir qué hacer con sus ahorros. En este sentido, recordó que la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) ha conseguido el compromiso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de emitir con carácter de urgencia un decreto-ley que permita flexibilizar el uso del superávit de los municipios.
