El equipo de gobierno ya le ha puesto fecha a la municipalización de la gestión del agua en Terrassa. La empresa pública que asumirá la responsabilidad del servicio de abastecimiento en la ciudad iniciará su andadura el próximo 10 de diciembre, un día después de que finalice la última prórroga impuesta a la actual concesionaria, Mina, Aigües de Terrassa.
La comisión municipal de Territorio i Sostenibilidad ha acordado elevar al pleno del próximo 22 de marzo los dictámenes que materializan la municipalización. El Consistorio votará la aprobación definitiva del cambio de modelomediante la creación de una entidad pública empresarial local (EPEL), aprobará también definitivamente el reglamento del servicio municipal de abastecimiento de agua y los estatutos de la nueva empresa pública. La iniciativa cuenta con el apoyo asegurado de los 9 concejales del PSC, los 6 de Terrassa en Comú, los 4 de ERC-MES y el de la CUP , mayoría absoluta de 20 en un pleno de 27.
El pleno también votará la nueva memoria de la gestión pública, que ha sufrido modificaciones relevantes tras resolverse las alegaciones presentadas en periodo de exposición pública. Diez entidades cursaron escrito de alegación, la mayoría de ellas vinculadas a Mina y al grupo AGBAR, principal accionista de la concesionaria.
La primera modificación afecta al nombre de la nueva empresa pública. El Ayuntamiento había bautizado la EPEL como Aigua de Terrassa, pero las alegaciones de Mina aludiendo a la similitud con el nombre de la concesionaria privada, Aigües de Terrassa, le han hecho desistir.
Para evitar que esa nueva discrepancia derive en otro pleito judicial, la empresa pública se denominará Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL.
La nueva denominación ha sido incorporada ya al expediente, aunque con un cambio de última hora. La administración había previsto utilizar el acrónimo T’Aigua, EPEL, pero en Madrid ya existen las siglas TAGUA, de manera que finalmente no se utilizarán en Terrassa. El gobierno asegura que el cambio de denominación “no será un problema, puesto que ya trabajamos en el nombre comercial, que será distinto y no debe formar parte de los estatutos”.
El Ayuntamiento tampoco podrá girar el recibo del agua como una tasa, como tenía previsto después de que tanto el Secretario municipal como los servicios jurídicos recomendaran esa fórmula. Finalmente deberá mantener el modelo actual de tarifa regulada por una ordenanza municipal, en cumplimiento de la nueva Ley de Contratos del Servicio Público. De esta manera, las tarifas las aprobará el pleno y después deberán ser sancionadas por la Comissió de Preus de la Generalitat.
El tercer cambio de relevancia tiene que ver con la titularidad de los contadores a partir de la implantación de la gestión pública del agua. El Ayuntamiento había previsto que la titularidad y la gestión de los contadores la ejerciera el propio servicio público, para garantizar, entre otras cosas, una correcta renovación de equipos.
Cambra de Comerç y la empresa Serveis de l’Aigua entendían en sus alegaciones que la decisión afectaría al mercado, por establecer un monopolio de facto en la distribución de contadores. Los servicios jurídicos municipales “han planteado dudas” y, para no poner en riesgo e proceso, la administración ha optado por mantener la situación actual, según la cual el usuario tiene el contador en propiedad o en alquiler.
La medida ha obligado a realizar un recálculo de los ingresos y los costes del modelo aunque, informan fuentes municipales, “no afecta a la sostenibilidad financiera” del mismo.
Por otra parte, el gobierno ha estimado parcialmente la alegación de la Taula de l’Aigua sobre la selección de la gerencia de la nueva EPEL. Será mediante un proceso de libre designación, aunque el puesto se someterá a un proceso de libre concurrencia en el que se valorarán mérito y capacidad.
La Agència Catalana de l’Aigua también había planteado una alegación relacionada con la reversión de las instalaciones de captación de Abrera.
El Ayuntamiento de Terrassa entiende que el expediente de gestión pública del agua en Terrassa “es compatible con las competencias de la Generalitat en alta”. Fuentes municipales aseguran que se ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la ACA que regulará cómo ejerce el Ayuntamiento de Terrassa el servicio en alta.
