La juez Carmen Lamela dejó ayer en libertad con medidas cautelares -prohibición de salir de España y comparecencias quincenales- al exdirector de los Mossos d’Esquadra, el terrassense Pere Soler, que prestó declaración durante dos horas y cuarto como investigado en el marco de la causa en la que investiga por sedición la actuación de los Mossos el 1-O.
La fiscalía había solicitado que Soler quedara en libertad con una fianza de 100.000 euros que debía satisfacer en diez días, al entender que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva ante la persistencia de investir presidente de la Generalitat a Jordi Sànchez. Junto a Soler, ayer compareció ante la Audiencia el ex número dos de Interior César Puig, que salió en libertad con idénticas medidas cautelares.
El teniente fiscal Miguel Ángel Carballo pedía la imposición de fianza para Pere Soler, al entender que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva, dada la existencia de nuevos fugados, como la portavoz de la CUP Anna Gabriel, y la persistencia de su partido JxCat, de investir a un preso, en alusión al líder independentista Jordi Sánchez, y a un huido, Carles Puigdemont, como presidente de facto. De esta manera se busca perpetuar el "procés", mientras otros buscan espacios políticos libres en el exilio, ha añadido el fiscal, según informan fuentes judiciales.
El Ministerio Fiscal también ha esgrimido que Soler era un mando de los Mossos y responsable político, que era pública su inclinación al referéndum y así se lo comunicó a Trapero, incitándole tácitamente al menos a no impedirlo, han indicado las mismas fuentes.
Recuerda además que el Tribunal Constitucional le requirió expresamente para impedir el referéndum y , en lugar de ello, "hizo más bien lo contrario", tal y como ya señaló la Fiscalía en el informe en el que pidió ampliar la investigación por la inactividad de los Mossos a Soler y Puig.
Pese a estos argumentos, la magistrada de la Audiencia Nacional optó ayer por dejar a Pere Soler a César Puig en libertad con medidas cautelares, tal y como ya hizo hace unas semanas con Josep Lluís Trapero.
La juez que investiga a los ex altos cargos de Interior por delitos de sedición, optó ayer por imponerles medidas menos gravosas al entender que el hecho de que haya huidos no determina "necesariamente" que vayan "a proceder de igual manera", máxime cuando han acudido a esta citación como "la mayoría de las personas que también son investigadas".
Arraigo
Tuvo también en cuenta la juez que ambos tienen arraigo familiar y laboral, así como nacionalidad española, y que la investigación se encuentra "bastante avanzada", por lo que las diligencias pendientes "no pueden verse comprometidas".
Añade además que la imposición de fianzas supondrían "un agravio comparativo" con otros investigados como Trapero y recuerda que los dos ex altos cargos fueron cesados el 27 de octubre y solo militan en el PDeCAT, por lo que no tienen una posición de mando que les permita destruir pruebas.
El auto en el que Carmen Lamela acuerda poner a ambos las mismas medidas cautelares que ya le impuso a Trapero, la magistrada afirma que la "finalidad inmediata" del exdirector de los Mossos Pere Soler y del exsecretario de Interior César Puig fue facilitar la celebración del referéndum del 1-O.
Las fuentes consultadas explicaron ayer que Soler asumió ante la juez Lamela la iniciativa de revisar las actas de comunicación entre los Mossos el 1-O, tal y como reclamó Lamela en un auto, y defendió que él solo transmitió sus opiniones a Trapero y al resto de consellers, ya que no dirigía operativos policiales.
Para la juez "los más altos responsables de la Consejería de Interior", en "connivencia y colaboración con la estructura de mando del cuerpo de los Mossos d’Esquadra", así como "los organizadores y grupos de defensa del referéndum ilegal, fue decisivo para, fuera de la legalidad, impedir el cumplimiento de las resoluciones" del TSJC, que ordenó evitar el 1-O.
Estrategia, explica la juez, que se basa en los correos que cruzaron Forn y Trapero, y que "ya se percibía en las declaraciones" de Pere Soler el 27 de septiembre, cuando dijo sobre el referéndum: "La misión de los Mossos es garantizar derechos, no impedir su ejercicio".
Con esa finalidad, prosigue el auto, "desde la Consejería de Interior (…) se hicieron públicas las indicaciones" de Trapero de cómo debían actuar los Mossos, "tanto los días previos como la jornada" del referéndum. Estas consistieron en que, de darse la concurrencia de ciudadanos en los lugares de votación "su actuación sería mínima" ante el riesgo para la seguridad ciudadana. Se trató por tanto de una actividad "prácticamente nula" "enmascarada" bajo los principios de "proporcionalidad, congruencia y oportunidad", afirma la juez.
