El gobierno municipal tiene en proyecto sacar a concurso la adjudicación del Servicio de Ayuda Domiciliaria (SAD) y Terrassa en Comú, el primer grupo de la oposición, quiere que antes de volver a licitar elabore un estudio económico que evalúe si es factible la gestión pública, "entre otros modelos de gestión", especifica. La formación política cree que los trabajos de cuidado y limpieza a domicilio se desarrollan "en condiciones de precariedad y desprotección", lo que contribuye a la feminización de la precariedad y la pobreza.
TeC denuncia que las condiciones laborales en que trabajan las profesionales del SAD -prácticamente todas mujeres- no cumplen los requisitos aprobados por el Ayuntamiento de Terrassa y el Consell Comarcal para los contratos externalizados. Uno de ellos hace referencia al sueldo mínimo. Según las resoluciones, las empleadas deberían cobrar el salario mínimo comarcal, que es de 15.000 euros brutos al año, unos 1.072 euros mensuales en 14 pagas. La norma debería aplicarse en cualquier subcontratación y "afecta básicamente a las mujeres en empleos como la limpieza de edificios, el servicio de atención domiciliaria y los comerdores escolares, entre otros".
El Ayuntamiento también aprobó que no contrataría con empresas multiservicios que, apunta TeC, "establecen convenios por debajo de las condiciones establecidas sectorialmente". En el sector se recortan salarios hasta provocar "una auténtica ruptura del mercado laboral" y "entrando las empresas en dinámicas de competencia desleal".
Terrassa en Comú defiende que la mejor forma de gestión del Servicio de Atención a Domicilio sería la directa, partiendo de la base de que "el Ayuntamiento es incapaz de controlar que las empresas subcontratadas cumplan con los pliegos, especialmente en relación a las condiciones laborals de las empleadas".
Precariedad
En la semana del 8 de Marzo y de la Huelga Feminista, el grupo municipal le pide al ejecutivo de Alfredo Vega un gesto respecto a la precariedad que sacude los trabajos más feminizados. "No es suficiente con declaraciones de intenciones, son necesarios hechos por parte del Ayuntamiento para revertir estas situaciones".
En paralelo al estudio económico sobre la gestión pública del Servicio de Atención Domiciliaria, TeC exige al gobierno que, si saca a concurso la limpieza de los edificios municipales y las escuelas, exija en el pliego unas condiciones laborales dignas e impida que en la licitación las empresas "revienten precios con ofertas temerarias".
