El histórico edificio de la Casa del Poble tiene los días contados. El Ayuntamiento de Terrassa ya ha otorgado al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales autorización para el derribo del edificio que, una vez reducido a escombros, continuará protagonizando un largo litigio por la propiedad del inmueble.
ERC reclama la titularidad de la Casa del Poble, que se vió obligada a abandonar como sede política en 2001 por la precariedad en que se encontraba la histórica sede política. El inmueble lo adquirió a principios de 1900 Fraternitat Republicana, formación que décadas más tarde se incorporaría a ERC. En 1939, finalizada la Guerra Civil, la propiedad fue incautada y pasó a manos de Falange Española de las Jons, que hasta hace poco seguía enviando cartas a la calle Cremat.
Hoy la propiedad del edificio sigue siendo estatal, concretamente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que después de años de abandono ha asumido hacerse cargo del coste del derribo y se dispone a ejecutarlo en breve.
Conseguir la autorización no ha sido tarea ágil. La tramitación del permiso de demolición se ha dilatado en el tiempo por la pugna en torno a la titularidad del edificio. El Ayuntamiento es consciente de que ERC ha ejercido durante las últimas décadas como propietaria y actualmente es la única que dispone de llaves del mismo. Se da la circunstancia de que el Ministerio de Trabajo ha tenido que solicitar a los republicanos el juego de llaves de la Casa del Poble para acceder a la misma durante la redacción del proyecto de derribo.
Usurpación ilegítima
"El Ministerio pidió al Ayuntamiento acceder al edificio para elaborar el proyecto y la adminisración le comunicó que las llaves las teníamos nosotros -explica Caballero-. Como presidente de ERC envié una carta al Ministerio argumentando que éramos los legítimos propietarios, pese a lo cual estábamos encantados de cederles las llaves". La respuEsta llegó de la jefatura de intendencia agradeciendo la buena predisposición de los republicanos y apuntando que las cuestiones jurídicas debían dirimirse en los tribunales.
ERC está decidida a recuperar la titularidad registral de un inmueble que considera usurpado de forma ilegítima y ha decidido explorar la via judicial, después de fracasar por la via administrativa. Recientemente, la formación ha interpuesto una demanda civil por usucapión o prescripción adquisitiva con la que pretende que se le reconozca el derecho de propiedad por ocupación continuada.
Los republicanos argumentan haber ejercido como propietarios de la Casa del Poble durante las últimas décadas y haberlo hecho de manera "pública, pacífica e ininterrumpida", tal como fija el Código Civil de Catalunya para el supuesto de usucapión.
La formación aporta como prueba la ocupación del edificio durante más de 30 años "desde 1976 de manera ininterrumpida", sostiene Carles Caballero, presidente de la sección local de ERC.
En la demanda se expone que, con el retorno de la democracia, Esquerra recibió "de manos del entonces alcalde Domènec Jofresa las llaves del edificio y dos cartas, una en la que se nos reconoce como propietarios legítimos y otra en la que relcama al Gobernador Civil de la época que resuelva el vacío legal provocado con la apropiación por derecho de conquista".
ERC regresó a su sede en 1976 y la abandonó en 2001, cuando el edificio se encontraba en abanzado estado de deterioro. El partido trasladó su sede política, pero asegura que ha seguido utilizando el inmueble como almacén. "Cumplimos perfectamente con más de 30 años de ocupación continuada y pacífica del edificio", insiste Caballero. El partido recurre a la via civil después de que las reclamaciones por via administrativa esten bloqueadas. Durante los últimos años, los republicanos han reclamado la titularidad de la Casa del Poble acogiéndose a la ley que regula la devolución de patrimonio incautado a sindicatos y partidos políticos durante la Guerra Civil.
Unos meses después de que el Gobierno de Jose Maria Aznar aprobara la primera ley de restitución o compensación de los bienes y derechos incautados , ERC formuló su primera reclamación de patrimonio. El Ministerio reconoció que la Casa del Poble cumplía los requisitos para su devolución, pero entendió que no no se demostraba que hubiera acogido actividad política. En 2009, Jose Luis Zapatero modificó la ley y ERC volvió a reclamar la propiedad, pro no obtuvo respuesta.
Ahora, la aplicación de la ley lleva suspendida desde 2011 por falta de recursos presupuestarios para hacer frente a las reclamaciones formuladas.
El derribo, la inquilina
Si no surgen inconvenientes, el Ministerio de Trabajo procederá en breve a la demolición del edificio de La Casa del Poble. En este momento, la única actividad que albera el inmueble es "El racó dels Creps", con fachada a la calle Cremat. ERC explica que el negocio pagó el alquiler a ERC hasta que el partido renunció al mismo ante la pugna por la titularidad.
La rehabilitación del inmueble, que no esta protegido por ninguna figura de catálogo, nunca ha estado sobre la mesa. dejar el conjunto -la casa, el patio y un edificio anexo- en condiciones requiere una inversión que ERC calculó en su momento próxima a los 2 millones.
