El proceso para la municipalización de la gestión del agua en Terrassa abre un nuevo frente con la presentación de alegaciones al expediente de cambio de forma de gestión del servicio público de abastecimiento en la ciudad. Ocho empresas y entidades han expresado sus discrepancias con los dictámenes aprobados en el pleno del 7 de septiembre, en una de las exposiciones públicas más contestadas del proceso.
Solo Mina Pública d’Aigües de Terrassa S.A. ha presentado más de mil folios de alegaciones. Junto a la empresa, que actualmente gestiona el abastecimiento en régimen de prórroga forzosa, tras finalizar su contrato como concesionaria en diciembre de 2016, también han formalizado escrito de alegación la Taula de l’Aigua, la Cambra de Comerç i Industria de Terrassa, la Agència Catalana de l’Aigua, la patronal Cecot, AGBAR y Aigües de Matadepera, del grupo Mina.
Un último paquete de observaciones al dictamen lo firman miembros del personal de Mina. No se trata del comité de empresa ni el personal laboral en su conjunto, que siempre han dejado clara su voluntad de mantenerse al margen del proceso de decisión sobre el modelo de gestión del agua en la ciudad. La pantilla, insiste, se manifestará cuando las decisiones afecten a sus derechos laborales.
La marca y el proceso
Mina solicita ser parte en el expediente para la gestión directa del agua en Terrassa. Esa fue su primera alegación, presentada el 21 de septiembre. Séis días más tarde, el 27 de septiembre, la compañía presentó un nuevo documento solicitando la modificación del nombre escogido para la empresa municipal que gestionará el abastecimiento del agua en la ciudad: Aigua de Terrassa, EPEL. La compañía alega que la denominación es excesivamente similar a la registrada Aigües de Terrassa con la que opera desde hace años.
El grueso de las alegaciones de Mina, sin embargo, se centran en los aspectos técnicos y legales del cambio de modelo y en sus consecuencias para la ciudad.
El 10 de noviembre, coincidiendo con el final de periodo de información pública, Mina presentó varios dictámenes e informes técnicos y jurídicos que cuestionan la decisión municipal de gestionar directamente el suministro.
El primero reflexiona sobre el proceso de municipalización, el segundo cuestiona el derecho del Ayuntamiento para asumir de la gestión directa del servicio de abastecimiento y suministro.
Mina opina también sobre el impacto de la empresa pública Aigua de Terrassa, EPEL en los niveles de déficit y deuda municipales. El dosier de alegaciones incluye un informe pericial de Deloite, el expediente de 1940, fecha en que se suscribió el contrato de concesión, y copia de una entrevista al ingeniero Joan Gaya, comisionado municipal para el tema del agua, entre otros documentos.
AGBAR, accionista mayoritario de Mina, también ha presentado un informe pericial sobre el marco normativo y contractual en el que se enmarca la concesión y la actividad desarrolladas por Mina durante los 75 años de contrato, así como sus activos.
La Taula de l’Aigua
A estas alturas no han trascendido los argumentos de todos los agentes que han presentado escrito de alegación. Mina pide unos días para entrar en el detalle de las suyas y Cambra de Comerç lo hará cuando se consolide el nuevo gobierno municipal.
Por lo que respecta a la Taula de l’Aigüa, la plataforma motor del proceso de municipalización, sus alegaciones se centran en los estatutos de la nueva empresa. Proponen que el gerente tenga un perfil técnico y profesional, yque su designación no corresponda al presidente del consejo de administración, cargo asignado al concejal del área. También piden que se convoque un concurso para ficharr al nuevo gerente y que su contrato sea indefinido, no sujeto a vaibenes políticos.
