La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) acaba de poner en marcha un grupo local de asesoramiento vinculado a la PAH para acompañar a aquellas familias que han sufrido un corte en el suministro de agua, luz o gas o bien tienen problemas para pagar los recibos.
María Campuzano, miembro de la APE, explicó ayer que se estima que el 10% de la población catalana sufre pobreza energética; término que no solo engloba a las familias que no pueden pagar las facturas, sino también a aquellas que lo hacen "a costa de no encender la calefacción en invierno". Las causas de la pobreza son varias. Por un lado, influye la situación de la vivienda y si ésta tiene ventanas que no cierran bien o es ineficiente a nivel energético. Son decisivos los ingresos familiares, que, en los últimos años han caído debido a la crisis. Por último, el precio de los suministros, "que no para de aumentar". En los últimos diez años, explicó Campuzano, el precio de la electricidad, por ejemplo, se ha disparado un 80%.
El objetivo de la APE es reclamar el "acceso universal" a los servicios básicos de luz, gas y agua. Para conseguirlo, llevan años presionando a las administraciones públicas, que "son las que deben garantizar los derechos de los ciudadanos", pero también a las empresas suministradoras, que "deben ofrecer soluciones porque hacen negocio con derechos básicos y tienen beneficios millonarios".
Campuzano recordó que la aprobación de la ley 24/2015, suspendida en lo que se refiere a desahucios, pero activa en el apartado de pobreza energética, no se ha desarrollado en toda su plenitud. Si bien admitió que la gran mayoría de las empresas respetan la prohibición de realizar cortes a familias vulnerables, éstas no han firmado aún los convenios con la Generalitat para asumir el pago de la deuda que acarrean las familias. Hace unos meses, denunció Campuzano, la Generalitat presentó una propuesta de convenio a las operadoras para imputarles el pago del 50% de la deuda de las familias. Una opción que a la APE le parece insuficiente (piden que se responsabilicen del 100%), pero aún así no se firmó.
El grupo local de la APE se reunirá cada martes para ofrecer asesoramiento colectivo a las 17 horas en el centro cívico President Macià. Valeria Santiago, de la APE Terrassa, denunció que hay mucha gente con problemas para pagar las facturas, pero que desconoce sus derechos.
