La defensa de los exconsellers del PDeCAT Jordi Turull y Josep Rull ha pedido a la Audiencia Nacional su puesta en libertad, aduciendo que se limitaron a convocar el referéndum, sin “organizar o instigar por ninguna vía” tumultos ni actos de desobediencia a la acción de las autoridades o sus agentes.
Jordi Pina, abogado de Turull y Rull, ha presentado hoy sendos recursos de apelación ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, después de que la juez instructora Carmen Lamela ratificara la semana pasada su decisión de mantenerlos en prisión preventiva, junto a otros seis consellers cesados, en la causa en que los investiga por rebelión, sedición y malversación.
En su recursos, a que ha tenido acceso Efe, los exconsellers de Presidencia y de Territorio y Sostenibilidad, Jordi Turull y Josep Rull, se desvinculan de los “episodios aislados de incidentes” ocurridos, como los “escraches” ante hoteles donde se alojaban policías nacionales y guardias civiles, y de cualquier uso de la violencia contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Asimismo, Rull y Turull -que la semana pasada relevaron de su defensa a Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont- invocan la jurisprudencia para poner en cuestión que la Audiencia Nacional sea el órgano competente para enjuiciar los delitos de rebelión y secesión y piden que remita el caso a los juzgados de instrucción de Barcelona.
El recurso trata de desmontar los argumentos del delito de rebelión que la Fiscalía imputa al Govern cesado e insiste en que “el mero dictado de leyes o resoluciones de ninguna manera puede equipararse con la realización de un alzamiento público” y que las movilizaciones independentistas han sido pacíficas y solo han “pretendido expresar opiniones políticas”.
“El votar a favor de una convocatoria ilegal de referéndum nada tiene que ver con alzarse de modo público o violento, que es lo exigido para la rebelión”, razona el abogado, que niega que se conozcan a Turull y a Rull “manifestaciones alentando a los ciudadanos a alzarse en ningún sentido o a oponerse con violencia a la acción de las autoridades o sus agentes”.
Para la defensa, tampoco “consta de modo alguno” que Turull y Rull “organizaran o instigaran por ninguna vía” protestas como las celebradas ante los hoteles que hospedaban a policías y guardias civiles, unas movilizaciones que, añade, “no pueden tener cabida en el tipo penal de la violencia pues no consta que ninguna persona fuera golpeada o maltratada de obra (…)”.
El recurso reprocha a la Fiscalía que pretenda “hacer responsables a los consellers de cualquier acto de protesta -aun no violento -acontecido en los últimos meses a lo largo y ancho de la geografía catalana”, sin indicio alguno de que hubieran “organizado, preparado o alentado” un “plan común” para alcanzar la independencia.
En el caso de Rull, el recurso subraya que nunca ha hecho “la más mínima insinuación o referencia al uso de la violencia contra la Guardia Civil, ni el más mínimo llamamiento a la desobediencia o a la celebración de concentraciones de protesta contra su actuación”, lo que por otra parte, añade el recurso, “debería ser absolutamente legítimo en un Estado democrático y de Derecho”.
En otro escrito, en este caso conjunto, Rull y Turull solicitan a la Audiencia Nacional que deje sin efecto la fianza de 6,2 millones de euros impuesta a los exconsellers del Govern de Carles Puigdemont, después de que el Tribunal Supremo denegara esta medida cautelar que la Fiscalía había solicitado para los miembros de la Mesa del Parlament.
Al ser las querellas interpuestas contra los miembros del Govern y contra la Mesa “idénticas en lo sustancial”, la defensa de Turull y Rull sostiene que “no sería lógico” que el Supremo no aplicara ninguna medida y en cambio la Audiencia la mantuviera, pues “se estaría conculcando el principio de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley”.
Turull y Rull remarcan además que no tienen ni tenían “capacidad de disposición” respecto a la partida presupuestaria para el 1-O, que las finanzas de la Generalitat estaban intervenidas por el Gobierno desde el pasado 21 de julio y que el ejecutivo central ha certificado que no se ha hecho desembolso presupuestario alguno para llevar a cabo el referéndum.
“¿Cómo es posible que se fije una fianza sobre la base de una partida presupuestaria supuestamente malversada, cuando el propio Ministro de Hacienda y la Interventora de la Generalitat certifican que dicha partida no se ha tocado?”, cuestiona el recurso, que insiste en la “absoluta carencia de base indiciaria” para sustentar la decisión de la juez Lamela.
