El Raval acogió ayer la manifestación de rechazo a las acusaciones de adoctrinamiento contra la escuela catalana vertidas los últimos días entre otros por el ministro Íñigo Méndez de Vigo y por el presidente del PP catalán Xavier García Albiol. Profesores, padres y alumnos secundaron la convocatoria de protesta formulada por el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) frente a los ayuntamientos, donde la comunidad educativa acusó ayer al PP de faltar el respeto al profesorado y atacar su profesionalidad. El gobierno, dicen , utiliza esas descalificaciones "como herramienta política para centralizar competencias".
Al grito de "no permitiremos que nos toquéis la educación", los manifestantes mostraron su rechazo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya y su disposición a impedir una intervención de la escuela catalana.
A la concentración se sumaron ayer la concejal de Educación Rosa Maria Ribera y la teniente de alcalde de Derechos Sociales y Servicios a las Personas Lluïsa Melgares. Junto a ellas, acudieron a la protesta representantes de los grupos municipales de ERC-MES, del PDeCAT y la CUP.
Dimisiones
En Terrassa, la comunidad educativa dio lectura al manifiesto común. En él piden "una corrección pública" de las declaraciones que acusan a la escuela catalana de fomentar el odio contra España y las dimisiones de los ministros de Educación, Ínigo Méndez de Vigo, y del de Exteriores, Alfonso Dastis.
"La política forma parte de las ciencias sociales que debe estudiarse en la escuela, siempre desde un espíritu crítico, para que cada estudiante tenga criterio propio para decidir qué es lo mejor para él y para su país", reza el manifiesto, en el que la comunidad acusa al Gobierno del PP de ir "no solo contra los docentes, sino contra la educación pública".
En un momento de la protesta intervino ayer Àngels Font, delegada de Ensenyament de la CGT, para leer el comunicado de los trabajadores de TV3, Catalunya Radio y la Agència Catalana de Noticies tras la asamblea celebrada ayer. Los profesionales muestran su rechazo al control de los medios públicos anunciado por el Gobierno central y tachan la amenaza de intervención de ataque directo a la ciudadanía, ya que "vulnera el derecho a recibir información veraz, objetiva, plural y equilibrada", un derecho fundamental en democracia.
