El equipo de gobierno propone subir el IBI, la tasa de residuos y el impuesto de construcciones un 5% de cara al próximo año. La gran mayoría de tasas y precios públicos se encarecerán de media un 1%, aunque algunas se congelarán, como las vinculadas a los servicios sociales.
Ésta es la propuesta del equipo de gobierno (PSC-PDeCAT), aunque es difícil que pueda ver la luz sin modificaciones y en el tiempo previsto ya que, como explicamos en las páginas anteriores, los grupos de la oposición se negaron el lunes en bloque a debatir el dictamen y algunos de ellos, tan decisivos como TeC o ERC, ya han anunciado que votarán en contra del proyecto de ordenanzas fiscales.
A pesar de este inesperado varapalo para el concejal de Hacienda, Alfredo Vega, (similar al producido en octubre del año pasado en comisión informativa, cuando la oposición tumbó el proyecto de ordenanzas fiscales y forzó una intensa negociación), el equipo de gobierno confía en conseguir los apoyos necesarios en estos escasos siete días antes de la sesión plenaria, prevista inicialmente para este jueves, pero pospuesta hasta el martes, 31 de octubre.
Efectos de la revisión catastral
La propuesta del bipartito que no fue ni debatida en comisión implica algunas modificaciones importantes respecto al catálogo actual de impuestos y tasas municipales. Ya en mayo de este año, el gobierno local, con la abstención de TeC, avaló una subida máxima del 5% en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) en 2018 para amortiguar el crecimiento generalizado del tributo como consecuencia de la revisión catastral. A quienes esta actualización de valores le suponga un descenso en el IBI, pocos casos, el Ayuntamiento debe aplicarle esta rebaja ya desde el primer año de entrada en vigor, con lo que, en principio, el equipo de gobierno prevé recaudar en 2018 unos 400 mil euros menos por IBI que los cobrados en este ejercicio. Sin embargo, la reactivación del mercado inmobiliario puede suponer la aparición de nuevas altas, con lo que se espera que este aumento del padrón compense el descenso en la recaudación previsto inicialmente. Anualmente, el IBI reporta a las arcas municipales unos 50 millones de euros, siendo el impuesto más importante para la hacienda local.
La plusvalía se congela formalmente, aunque la revisión catastral también implicará un incremento de la base de este tributo de alrededor del 20% (ya que aumenta el valor del suelo). Debido a la revisión, el Ayuntamiento prevé recaudar más por plusvalías que este año (que ya está funcionando muy bien, fruto del aumento de las compraventas) ya que el valor del suelo se ha ajustado más al precio real del mercado.
El Consistorio ya ha empezado a no cobrar plusvalía, como ha sentenciado el Tribunal Constitucional, en aquellos casos en que los afectados pueden acreditar que no ha habido incremento del valor del terreno en el momento de la venta del inmueble, como ha sucedido en gran parte de las transacciones producidas durante estos años de crisis de fincas que fueron adquiridas en la etapa de la burbuja inmobiliaria.
El tipo de gravamen del impuesto de construcciones y obras (ICIO) se verá incrementado un 5%. El objetivo del bipartito es que este impuesto vuelva a estar situado en poco tiempo en el 4% del coste de la obra, como estaba antes de la crisis. En este momento, el tributo supone el 3,57% del presupuesto de la obra y con la subida prevista pasará a representar el 3,72%.
El impuesto de actividades económicas (IAE) subirá un 1% y se suprimen las limitaciones que entraron en vigor este año. El año pasado se aprobó una nueva jerarquía de calles que ha tenido efectos importantes en la recaudación durante este ejercicio, pero, aún así, para amortiguar los incrementos que algunas actividades iban a registrar en el impuesto, el Ayuntamiento
estableció un incremento máximo del 10%. Ahora, esta protección se suprime. El concejal Alfredo Vega defiende que la subida del 1% "es asumible" ya que, por otro lado, la revisión catastral supondrá el descenso de valor en muchos sectores industriales, algunos de los cuales acogen a las empresas susceptibles de pagar el IAE, aquellas que facturan más de un millón de euros.
Uno de los impuestos que no se toca es el de vehículos de tracción mecánica. El tributo, en la mayoría de supuestos, está en su máximo legal, con lo que el bipartito pretende mantenerlo tal cual.
En el apartado de tasas y precios públicos, hay una normal general y algunas destacadas excepciones. La concejalía de Hacienda quiere aplicar un incremento medio del 1% y dejar congeladas las tasas vinculadas a servicios sociales (como la de servicio a domicilio o la de teleasistencia, entre otras).
En cambio, la tasa de residuos, la más importante, experimentará una subida mayor. Vega explica que se ha desvirtuado la estructura inicial de la tasa debido a los incrementos lineales producidos estos últimos años, tanto en el caso de los inmuebles de uso residencial, como en los establecimientos comerciales. El edil considera que hay que atenuar el precio que pagan los comercios ya que partían de una base más elevada. Por este motivo, la tasa de basura para los comercios se congela, pero, en cambio, las fincas de uso residencial verán incrementada esta tasa en un 5%. Además, también aumentará entre un 13 y un 15% la bonificación por minimización de residuos a los establecimientos comerciales.
Vega asegura que este incremento únicamente servirá para cubrir el encarecimiento en el coste de tratamiento de la basura en el eco-parque de Coll Cardús, que subirá en 2018 en 360 mil euros. La cobertura de la tasa de residuos continuará situada, explica, en el 75%, por lo que el Ayuntamiento quiere hacer un estudio en profundidad para organizar un tributo que es deficitario, donde lo que pagan los ciudadanos no es suficiente para cubrir el coste del servicio.
Usos de la jerarquía de calles
Otra de las tasas que podría padecer modificaciones sustanciales es la de vados. Los servicios técnicos han transformado la estructura de la tasa aprovechando que la revisión catastral y la nueva categorización de calles impulsada el año pasado y en vigor desde enero modifica el valor del espacio público. Hasta ahora, los elementos fundamentales para calcular la tasa eran los metros lineales del vado y el número de vehículos que había en su interior. A estos factores se añadirán, además, el precio del metro cuadrado del espacio privativo que ocupa el vado y la categoría de calle en la que está situado. También otras variables como las características del aparcamiento: si es de uso residencial, si pertenece a un centro comercial, etc.
Estos cambios supondrán que, de media, la tasa de vados se encarezca un 8%. Se aplicará un límite máximo del 10%. El Ayuntamiento pretende así recaudar unos 250 mil euros más que este año.
La nueva jerarquía de calles también afectará a la tasa por ocupación de la vía pública en caso de ferias en la calle. En lugar de un precio en función del barrio donde se produjese la feria en cuestión, ahora el coste tendrá en cuenta el tipo de calle y su categorización.
La zona azul experimentará la subida general del 1%, aunque está previsto que se amplíe el tiempo máximo de estacionamiento (de una hora y tres cuartos se pasará a dos horas), se implante la posibilidad de pagar con el móvil y de utilizar tarjeta aún estando fuera del horario de funcionamiento.
El bipartito ha creado un nuevo precio público: el de apertura de rasas para conexiones con la red de alcantarillado. Hasta ahora, cada promotor realiza la obra por su cuenta, pero el Ayuntamiento se encontraba con que al poco tiempo de cumplirse el periodo de garantía, el pavimento donde se habían abierto estas rasas tendía a hundirse. A partir del próximo año se convocará un concurso y habrá unas empresas autorizadas para hacer tales trabajos, aunque seguirán siendo los promotores los encargados de pagarlos a través de este nuevo precio público.
