Algo semejante al alivio recorre buena parte de Cementiri Vell, sobre todo en la Rambla de Sant Nebridi. Las tensiones vecinales por la inseguridad provocada por un clan familiar de "ocupas" parecen camino de desaparecer. Los causantes de desmanes y desafueros, de robos, de amenazas, de suciedad, se han marchado del local que ocupaban y que convirtieron en morada de decenas de personas en junio pasado. Se han marchado después de las continuadas denuncias de vecinos y comerciantes al Ayuntamiento de Terrassa y de que el Consistorio recogiera el guante y actuase.
Los ocupantes recibieron días atrás requerimientos de la administración municipal para desalojar el local, situado en los bajos de un bloque de viviendas de la Rambla de Sant Nebridi, dadas las carencias de habitabilidad del espacio y la ilegalidad de un altillo construido en su interior. Esa era la razón técnica. Detrás estaba la razón de fondo: la tremenda inseguridad y el incivismo causados.
Tras las reiteradas quejas vecinales, de las que se hizo eco este diario en varias informaciones este pasado verano, el Ayuntamiento aseguró que ya estaba actuando y que había activado un procedimiento de disciplina urbanística por el altillo irregular. Y que había instado al dueño del local, un particular, a que derribase esa zona ilegalizable. Si no procedía a la demolición, el Consistorio trataría de efectuar el derribo de forma subsidiaria, pasando luego la factura al propietario. Pero necesitaba igualmente su permiso o, si no lo obtenía, una autorización judicial.
Ambiente caldeado
Después de llevar a cabo inspecciones, técnicos municipales y políticos se reunieron con vecinos afectados el 13 de septiembre en el casal de barrio. El ambiente estaba caldeado. Los representantes del Consistorio se comprometieron a aumentar la presencia de la Policía Municipal y a emprender los pasos administrativos y/o judiciales referidos. Lo imprescindible era que la familia de ocupantes abandonase cuanto antes el espacio, pues nada podía hacerse allí si había personas dentro. Aumentó la presencia policial, en efecto, y la tensión se rebajó un punto.
Llegó la última notificación a los "ocupas" para que dejasen el edificio a fin de tapiarlo, limpiarlo y demoler lo demolible. Debían irse antes del 18 de octubre, el miércoles, pues ese día era el señalado para que trabajadores municipales entrasen allí. Y el clan se marchó. El miércoles por la mañana no había nadie en el local donde, al parecer, se habían hacinado desde junio decenas de individuos. Empleados del Ayuntamiento, con la presencia de agentes locales, comprobaron que el local estaba vacío de gente y colocaron una puerta a modo de tapia. El hedor era apreciable. El jueves, unos operarios tapiaron, ahora sí, la entrada a la espera de limpiar el espacio y luego demoler las partes ilegales.
El mismo clan ya había generado conflictos múltiples cuando tomó posesión de un inmueble en la calle de la Societat, en el Centre. Los vecinos de esa zona vivieron como una liberación su marcha, pero la pesadilla sólo mudó de sitio. Empezaron a vivirla vecinos de Cementiri Vell desde el 24 de junio.
"Estoy amenazado de muerte. Me han dicho que me van a estrangular", contó un comerciante a los representantes municipales en la reunión del 13 de septiembre. El vecindario no podía más. No podía con los insultos, las amenazas, las intimidaciones, el incivismo, los robos, la suciedad, las defecaciones en portales y un parque próximo, los sobresaltos cuando los "ocupas" llamaban al timbre de noche "para comprobar si estabas en casa". El vecindario no podía con un problema que se tornó insostenible muy pronto y que obligó a algunos perjudicados a no marcharse de vacaciones para no abandonar sus domicilios teniendo a tales congéneres como vecinos. Teniendo algo así como un avispero en el edificio.
En agosto los afectados recogieron trescientas firmas de denuncia en menos de dos días. Hasta la concejal Lluïsa Melgares, que se reunió entonces con algunas víctimas, calificó el caso de "excepcional". La vecindad aseguraba que en el local ocupado vivían no menos de veinticinco personas, a veces más, a veces menos. Iban y venían. Muchos de ellos eran niños sin escolarizar que caminaban descalzos por la calle, hurtaban productos o rebuscaban en contenedores.
Los niños
La situación de los moradores infantiles provocó otros expedientes municipales. Los Servicios Sociales enviaron a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) una propuesta para que tomase medidas de cara a proteger a unos menores "en situación de riesgo". Todo está en manos de la DGAIA después del informe municipal, calificado de "contundente" por Lluïsa Melgares, concejal de Vivienda y edil que ha liderado la relación del Ayuntamiento con los afectados y con la asociación de vecinos de Cementiri Vell.
El martes por la noche, varios testigos vieron aún a los "ocupas" entrando en su precaria morada. Pero el miércoles no estaban allí cuando llegó la policía. Hicieron caso a los requerimientos, pues. El jueves sí merodearon por la zona y, según testimonios, parecían dispuestos a sacar las maderas provisionales con que el Ayuntamiento había clausurado el local, y volver a ocuparlo. "Unos policías lo impidieron", dijo una comerciante.
Uno de los que tenían la intención de entrar aseguró a un agente que allí estaba "su casa". El retén policial duró varias horas. El hueco de la puerta fue tapiado. Junto al local desalojado hay otro también ocupado por otro grupo familiar, que en principio semeja menos agresivo y ha dado menos quebraderos de cabeza al vecindario. Ese segundo espacio, según fuentes municiaples, tiene pendiente una ejecución de desahucio que se debe realizar en unas semanas.
"Vamos a hacer una fiesta", suelta una comerciante que ha arrostrado ofensas y amenazas durante meses, una de las personas que ha soportado este calvario. "Seguro que hacemos una fiesta", reitera.
