El pleno de octubre debatirá la grave crisis institucional entre Catalunya y España y las consecuencias de las cargas policiales durante la jornada del referéndum. Tres formaciones políticas presentaron ayer propuestas de acuerdo de junta de portavoces en las que se critica la respuesta del Gobierno del PP y se exigen responsabilidades a las altas instancias del Estado.
ERC-MES y PDeCAT centran sus críticas en la respuesta del Rey Felipe VI en su comparecencia del martes por la noche y en el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo. Aunque las mociones presentan algunas diferencias, ambas formaciones coinciden en pedir la dimisión de Millo por justificar las cargas policiales y proponen su declaración como "persona non grata" en la ciudad. También instan a la reprobación del Rey.
La propuesta más relevante es la del grupo municipal del PDeCAT, que eleva el tono en su reprobación a las altas instancias del Estado incluso por encima de ERC-MES. Los socios del equipo de gobierno quieren que Terrassa declare "persona non grata" también a Felipe VI y que se retire el busto del monarca en el Saló de Plens, demandas que en esta ocasión no formula ERC.
En febrero de 2016 la formación liderada por Miquel Sàmper apoyó junto a TeC la propuesta conjunta de ERC y la CUP de retirar del pleno el busto del Rey. 33 días estuvo ausente Felipe VI, cuya escultura regresó por orden de la Delegación del Gobierno.
Año y medio después, los soberanistas critican que el Rey obviara en su discurso del martes referencia alguna "a la desmesurada represión policial de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la jornada del referéndum" y que no ejerciera el papel de árbitro y moderador que se le confiere a la institución monárquica. El martes, ante las cámaras, Felipe VI "demostró ser solo el Rey de una parte de los ciudadanos españoles", dicen. Con su "discurso amenazador" ha hecho "mucho más grande la brecha" enre Catalunya y España.
Respecto a Enric Millo, el PDeCAT pide la inmediata dimisión del delegado del Gobierno en Catalunya y que sea nombrado "persona non grata" en la ciudad.
Esquerra secunda estas dos propuestas -ambos partidos contemplan pactar una moción conjunta- y pide a la junta de portavoces que repruebe y condene la actuación policial el 1-O, que recuerda "tuvo su expresión cruda y explícita en nuestra propia comarca, en Castellbisbal y Sabadell".
"La actuación de la Delegación del Gobierno español -argumentan los republicanos-, bajo la responsabilidad de Enric Millo, justificando las agresiones a la ciudadanía sin tener en cuenta la seguridad pública y los derechos y las libertades individuales y colectivos, no es solo reprobable sino un insulto a la inteligencia".
ERC-MES quiere que el Ayuntamiento exija la dimisión de los políticos responsables de las cargas y que se adhiera a todas las movilizaciones en defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía.
TEC pide la mediación de Europa
Por su parte, Catalunya en Comú impulsa mociones en los ayuntamientos en rechazo a la represión policial y en defensa de una salida negociada al conflicto.
El grupo municipal de Terrassa en Comú ha presentado una propuesta de acuerdo de junta de portavoces en la que pide la dimisión del presidente de Gobierno Mariano Rajoy, al que considera "inhabilitado" para resolver la crisis institucional entre Catalunya y España. Los comunes exigen la retirada del dispositivo de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplazado a Catalunya e instan al Gobierno español a "detener todas las actuaciones represivas" y a abrir una vía de diálogo con la Generalitat para que "la ciudadanía catalana pueda decidir su futuro en un referéndum".
En el actual marco de tensión política e institucional entre el Estado y la Generalitat, TeC apela a la Comunidad Europea, a la que invita a rechazar públicamente las cargas policiales del 1-O.
También a abrir una "investigación rigurosa, independiente e imparcial" sobre "los actos de violencia y la vulneración de derechos fundamentales" que se cometieron el domingo 1 de octubre, en sintonía con la reciente declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que hace dos días pedía al Gobierno español una investigación de los hechos.
