El PP local desaprueba la actitud asumida por el alcalde, Jordi Ballart, en todo lo que tiene que ver con el referéndum. Considera que no está haciendo lo suficiente (más bien cree que está ausente) para impedir la colocación de la propaganda vinculada a la consulta prevista el 1 de octubre. Su presidente local, el exedil Gabriel Turmo, ha entrado una denuncia administrativa en el Ayuntamiento para exigir al equipo de gobierno que retire la publicidad de las calles.
La "pasividad" con la que está actuando el Consistorio para impedir "las acciones de promoción y propaganda de un referéndum ilegal" podría acarrear "algún tipo de responsabilidad penal por parte de algún responsable político". Es la advertencia que hace el PP después de que su presidente local, Gabriel Turmo, interpusiera ayer una denuncia ante el Ayuntamiento por la "inacción" del bipartito local (PSC- PDeCAT). Turmo señala, en primer lugar, que se están vulnerando las ordenanzas municipales ya que se está colocando publicidad de un acto ilegal en espacios no autorizados de la vía pública. "Si se tiene conocimiento de una infracción administrativa y no se actúa, el responsable político podría estar incurriendo en otros ilícitos penales", señala Turmo, que, antes de acudir a la vía judicial, esperará a ver la reacción del Ayuntamiento.
Si en lugar de publicidad sobre el referéndum, la que está en sitios no autorizados fuese sobre cualquier otra temática, la entidad o particular responsable "ya hubiese sido sancionado y los carteles, retirados", afirma Turmo. El popular insiste en que el "agravante" es la difusión de un referéndum "ilegal", pero más allá de eso, recuerda que se está promocionando a través de propaganda en lugares no autorizados y "la Administración tiene la obligación de actuar".
La "cobardía" de Ballart
En la denuncia presentada ayer, el exedil pide la "retirada inmediata" de la publicidad y que ésta se entregue a la policía judicial, además de reclamar que se averigüe quienes son los autores de su colocación y se proceda a la tramitación administrativa (expediente sancionador) o penal que corresponda para la reclamación del coste económico que comporte la reparación de los daños causados. Turmo lamenta la "cobardía" del alcalde y su falta de firmeza a la hora de impedir la difusión de la consulta del 1 de octubre. Es uno de los ediles del PSC, afirma, que está teniendo una posición más complaciente con los organizadores del referéndum.
El PP de Sant Cugat también ha presentado una denuncia, en este caso ante la Policía Local, por los carteles propagandísticos del 1-O. Considera que es "inaceptable la omisión", por parte del ayuntamiento de la localidad vecina, "del cumplimiento de las ordenanzas cuando se trata del referéndum".
