Una trabajadora de Unipost de Terrassa ha confirmado que la Guardia Civil ha requisado “miles de cartas certificadas. Los agentes han comprobado su contenido al trasluz y han afirmado que son citaciones para los integrantes de las mesas electorales. Nosotros no tenemos ni idea de su contenido”. La empleada, que ha pedido anonimato, asegura que los responsables de Unipost en Terrassa han protagonizado momentos de tensión con los agentes, a quienes reclamaban la presentación de una orden judicial que aún no ha sido exhibida.
Unipost participó en la distribución de propaganda electoral el 9-N. “En aquella ocasión tuvimos tiempo de distribuir casi a todos los distritos de la ciudad”, apuntaba esta trabajadora.
Cabe señalar que la empresa se encuentra en concurso de acreedores. La empleada ha explicado que la plantilla lleva “tiempo sin cobrar. Este mes se han comprometido a abonar la nómina de nuevo y esperamos ingresar los atrasos de Fogasa”. Y añade: “somos una empresa pequeña de capital catalán que compite con Correos y nos quiere quitar de la circulación”.
Estas declaraciones fueron realizadas poco después de que las personas que desde primera hora de la mañana se encuentran frente a la sede terrassense de la empresa de mensajería Unipost que está registrando agentes de la Guardia Civil desarrollaran una sentada pacífica por espacio de cinco minutos. Este acto de protesta estuvo acompañada de gritos de “votarem” en relación al próximo referéndum.
Frente a esta firma se han ido reuniendo ciudadanos egarenses con esteladas, pancartas a favor del 1-O e incluso claveles para protestar. También se han unido a las protestas representantes de diferentes formaciones políticas, concretamente los diputados de Junts Pel Sí Marc Sanglas, Teresa Vallverdú, Adriana Delgado y Alba Vergés. Los concejales del Ayuntamiento de Terrassa Carles Caballero, de ERC y Meritxell Lluis, del PDeCAT. También se encuentran Jaume Sales, vicedecano del Col.legi d’Advocats de Terrassa y Jaume Ricard ex decano de dicho colegio junto a Margarida Boadam de la ANC. A mediodía también se ha unido la ex Síndica de Terrassa, Isabel Marquès.
Por su parte, el teniente de alcalde y abogado Miquel Sàmper, que desde el primer momento se encuentra frente a Unipost, ha explicado, tras conversar con representantes de la empresa, que la Guardia Civil ha intervenido en la sede de Unipost de Terrassa sin mostrar orden judicial, sin la supervisión del secretario judicial y que el registro se está realizando “sin garantías”. “Sólo si el auto judicial atribuye a la operación carácter de urgencia la orden judicial puede cursarse en un plazo de 24 horas”, ha dicho el líder del PDeCAT en la ciudad. Miquel Sàmper, que denuncia que la Guardia Civil ha retirado papeles que no tenían ninguna relación con el referéndum, cosa que “vulnera los derechos de terceras personas”.
Los registros se iniciaron poco después de las ocho de la mañana. A lo largo de la jornada se han trasladado hasta la sede de Unipost efectivos de Mossos d’Esquadra. Por el contrario no hay presencia de la Policía Municipal. En la calle de Mare de Déu dels Àngeles, cruce con la calle de Cervantes, donde se encuentra la empresa de mensajería, circulan lentamente los turismos.
Según informa Efe, agentes de la Guardia Civil se han incautado de abundante documentación relacionada con el censo del referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Fuentes de la investigación han informado de que éste es el hallazgo más importante en los registros llevados a cabo en distintas sedes de la empresa de mensajería en las últimas horas. A diferencia del material intervenido en otros registros, en este caso se trata de material directamente relacionado con el censo del referéndum y no simplemente propaganda.
Según otras fuentes se trataría de notificaciones a los presidentes, vocales y suplentes que integrarán las mesas electorales del 1-O.
Este operativo de la Guardia Civil en la sede egarense Unipost se ha suma a otro que el cuerpo ha llevado a cabo en otra sede de la compañía, en L’Hospitalet de Llobregat.
Precisamente, Unipost fue la empresa contratada el 9N para repartir las notificaciones de las personas elegidas para formar parte de las mesas electorales.
