La política local vive estos días un juego de las apariencias que marcará el futuro del Consistorio y amenaza con dilapidar las aspiraciones de la oposición de propiciar un relevo en el gobierno municipal. En plena escalada judicial del referéndum, la clase política ha protagonizado una serie de episodios en la trastienda política que revelan hasta qué punto los partidos tienen la mirada puesta mucho más allá del 1-O.
El acuerdo y las críticas. El martes 5 de septiembre el alcalde Jordi Ballart y su socio, el teniente de alcalde del PDeCAT Miquel Sàmper, sellaron un acuerdo con los consellers de Territori i Sostenibilitat, el egarense Josep Rull (PDeCAT), y de Justicia, Carles Mundó (ERC), que garantizaba la apertura en la ciudad de 38 colegios electorales el 1 de octubre, frente a los 45 habituales.
Una semana después, lejos de calmar los ánimos el pacto ha activado las estrategias y tensionado la escena política local.
ERC, que participó activamente en la cocina del acuerdo, ha mantenido una posición crítica porque el pacto no incorpora un solo edificio de titularidad municipal. El acuerdo no garantiza que se pueda votar "como siempre", tal como defienden los republicanos, que se han despachado en redes sociales ante la indignación del gobierno municipal.
El alcalde mantiene silencio pero su socio, Miquel Sàmper, no ha dudado en criticar que el republicano Isaac Albert cuestionara a Jordi Ballart por no ceder espacios municipales cuando era conocedor y parte implicada en el pacto institucional. Si la pretensión era presionar al PDeCAT para romper el acuerdo de gobierno, la maniobra ha sido baldía.
Con un acuerdo institucional sobre el 1-O y la consigna de la dirección nacional del PDeCAT de no dar cuerda a ERC, y esperar al 2 de octubre para encarar el futuro, los socios de Ballart siguen aferrados al gobierno, a la espera de nuevos acontecimientos.
En el acuerdo sobre los colegios electorales, el plan B de los organizadores del 1-O es el que ha prosperado. En Terrassa se habilitarán edificios propiedad de la Generalitat y un grupo de escuelas de titularidad autonómica y gestión municipal incorporadas más tarde. Entre ellas, los colegios Lanaspa, França, Bisbat d’Ègara e Isaac Peral. También el instituto Montserrat Roig, de propiedad y gestión autonómica.
Una moción frustrada. ERC defiende desde las municipales de 2015 que el gobierno no acabará el mandato. Ahora, a las puertas del referéndum, ha liderado un amago de moción de censura que se ha visto frustrado por la falta de apoyos.
La maniobra ha eclosionado y fracasado estos días. El partido no ha logrado sumar los 14 concejales necesarios para que una nueva mayoría reemplazara al bipartido del PSC-PDeCAT. En realidad, nunca ha estado cerca de conseguirlo.
Los 4 concejales de ERC contaban con el apoyo de la regidora de la CUP, pero no han sumado los 6 ediles de Terrassa en Comú, que en ningún momento se ha comprometido con la maniobra de descabalgar el gobierno municipal sin una garantía de éxito. "Sólo podemos estar abiertos a una moción de cambio si existe la posibilidad real -explicaba ayer Xavier Matilla, portavoz municipal de TeC -. El PDeCAT no ha hecho un solo gesto. En realidad PSC y PDeCAT no piensan en el 1-O, sino en mantenerse en la silla".
Sin el apoyo del PDeCAT no había compromiso de TeC, de manera que la moción ha saltado por los aires antes de madurar.
Accidental, pero no. El último episodio político del mes lo protagonizan precisamente los socios y vuelve a estar íntimamente ligado al proceso para el referéndum.
El presidente de la Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, sugería días atrás a los alcaldes reacios a ceder los colegios que delegaran el cargo de manera accidentan en un concejal independentista. Miquel Sàmper lo intentó, aunque poco.
"Le he propusto a Jordi Ballart reemplazarlo como alcalde -admite-. Se lo he sugerido como concejal, aunque como abogado le he recordado que el gesto no le eximía de responsabilidad, Me dijo que no claro".
