Los ayuntamientos del área de influencia de Terrassa de Matadepera (PDeCAT), Viladecavalls (PDeCAT y PSC), Sant Cugat (PDeCAT y PSC), Ullastrell (ERC y JxU), Vacarisses (ERC, PSC y Movem Vacarisses) y Rellinars (ERC y una concejal no adscrita) ya han firmado sendos decretos de alcaldía dando su apoyo al referéndum del 1 de octubre y ofreciendo en sus municipios los mismos locales de votación que se utilizaron en las elecciones autonómicas de 2015.
Castellbisbal (ApC), por su lado, a día de ayer todavía no había dado una respuesta a la petición formulada por el Govern a todos los ayuntamientos catalanes, esto es, no había firmado el decreto de alcaldía, aunque se mostró a favor del referéndum de forma implícita al afirmar que "hace más de una semana que el Govern ya sabe que podrá disponer de locales (en el municipio)" para habilitar los colegios electorales, según fuentes municipales.
El Ayuntamiento de Rubí (PSC) ha sido el único que se ha desmarcado del resto, al rechazar la petición del Govern. Al respecto, en un comunicado emitido ayer, afirmó que "el gobierno local ha informado al ejecutivo catalán que esta petición no tiene fundamento ni objeto, ya que las leyes en las cuales se sustenta están suspendidas por el Tribunal Constitucional. Así lo concluye un informe emitido por la secretaría general del Consistorio de Rubí. Por todo ello, desde el gobierno de la ciudad no se pueden ceder espacios municipales".
Respecto al auto de notificación que el Tribunal Constitucional (TC) tiene previsto enviar a los alcaldes recordándoles el deber de obedecer la prohibición de no participar en las organización del referéndum -advirtiéndoles de que, en caso de no acatar la prohibición, se enfrentan a responsabilidades incluso penales-, los primeros ediles se mostraron firmes en su decisión de apoyar al Govern, a la vez que prudentes.
Servicios jurídicos
La alcaldesa de Viladecacalls, Cesca Berenguer, señaló que la notificación del TC será "estudiada por los servicios jurídicos municipales y luego veremos cómo se desarrollan los acontecimientos", aunque reiteró que desde el Ayuntamiento "no pondremos ningún impedimento (al referéndum)". La primera edil de Matadepera, Mireia Solsona, afirmó que "seguiremos los pasos que nos marque la Generalitat", mientras que su homólogo de Vacarisses, Toni Masana, fue un poco más contundente al resaltar que "ahora estamos bajo la legalidad de una ley (la del referéndum) aprobada por el Parlament". El mismo argumento utilizaron fuentes municipales de Ullastrell para dar a entender que harán caso omiso al TC.
Fuentes municipales de Sant Cugat mostraron la "predisposición" del Consistorio a cumplir las peticiones de la Generalitat, mientras que desde el Ayuntamiento de Castellbisbal informaron de que cuando llegue la notificación del TC "se estudiará y se decidirá qué hacer". Desde el Ayuntamiento de Rellinars afirmaron ayer que "decidiremos nuestra respuesta (al TC) después de asesorarnos jurídica y políticamente".
