El alcalde de Terrassa optó ayer por no dar respuesta a la misiva el Govern en la que daba un plazo de 48 horas para concretar la disponibilidad de colegios electorales para el referéndum del 1 de octubre. Jordi Ballart sigue las indicaciones de sus servicios jurídicos, informaron ayer fuentes municipales, que consideran innecesario dar respuesta sobre un referéndum que ha sido suspendido.
Ballart volvió ayer a apelar a la legalidad a través de dos tuits en los que reiteró que “El Ayuntamiento de Terrassa cumplirá siempre la legalidad y no comprometerá nunca la institución ni a ningún trabajador público”. El alcalde pide a la Generalitat que sea ella quien detalle los colegios electorales: “Dicho esto -añadía-, según las normas del referéndum suspendido, son los organizadores los que deberían informar sobre los puntos de votación”.
La alcaldía de Terrassa reaccionaba así tras recibir la carta del Tribunal Constitucional remitida a todos los alcaldes catalanes en la que les advierte de “su deber de impedir o paralizar” cualquier iniciativa encaminada a la celebración del referéndum y les pide que se abstengan de participar o incurrirían en responsabilidad penal.
Ballart se alinea así con los ayuntamientos con gobiernos o participación en ellos del PSC que han preferido guardar silencio o que se oponen abiertamente a la cesión de locales. Ayer, alcaldes socialistas del cinturón metropolitano como Núria Parlón (Santa Coloma de Gramanet) y Núria Marín (L’Hospitalet) respondieron con un no al presidente de la Generalitat y al vicepresidente Oriol Junqueras y publicaron sus negativas en twiteer. El socialista David Bote (Mataró) tampoco cederá locales, después de haber preparado un equipo para hacer frente a la logística de la consulta, contra las directrices de su partido. Como Ballart, David Bote anunció ayer que no respondería a la Generalitat “porque ahora mismo el referéndum es ilegal”.
No soy nadie para prohibir
El alcalde de Terrassa se negó ayer a hacer declaraciones y a repetir las afirmaciones que realizó el pasado junio y que tuvieron enorme eco mediático. Interpelado en twiteer, Ballart afirmó: “Yo no soy nadie para prohibir el derecho a voto”. Ahora, el Tribunal Constitucional le dice que debe “impedir o paralizar cualquier maniobra para celebrar el referéndum” bajo amenaza de responsabilidad penal.
En ese momento, de los 948 municipios catalanes 510 han dado su apoyo al referéndum y sellado su compromiso firmando copias del decreto de convocatoria y proclamando su posición en redes sociales. El 60% de los ayuntamientos se ha alineado con el Govern, aunque algunos de los alcaldes de los municipios más poblados o no se han pronunciado o han rechazado la propuesta y no cederán espacios.
Mientras los alcaldes de Girona, Sabadell, Badalona y Reus proclamaban su compromiso con la cnvocatoria de la consulta, los de Tarragona y Lleida permanecían ayer en silencio.
Ada Colau, sin embargo, ha optado por pasar la pelota al Govern. La primer edil de Barcelona ha enviado una carta a la Generalitat pidiéndole que informe de las actuaciones que tiene previstas para garantizar la participación popular después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido la Llei del Referèndum.
El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarelo, explicaba ayer en rueda de prensa que en Barcelona la disposición a que puedan participar es absoluta”, pero también dejó claro que, como ya había afirmado en anteriores ocasiones, el gobierno municipal no pondrá en riesgo ni a la institución ni a los funcionarios.
