La Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca asegura que aplicar el índice de referencia del alquiler en ciudades como Terrassa y Rubí "es un error, por innecesario".
La entidad afirma que Terrassa, a diferencia de la capital catalana, "no tiene burbuja de alquiler". Cree que "por mimetismo" se ha extendido la idea de la escalada de precios, pero dice que no es real. Según los datos de los contratos de alquiler que la Cambra gestiona, de diciembre de 2015 a diciembre de 2016, los precios de los pisos arrendados han subido un 9%, lo que "no es en absoluto significativo de una burbuja del alquiler".
La renta media en 2016 estuvo en 481 euros mensuales. Esta cifra está por debajo de la media del año 2005, que era de 499 euros/mes, es decir, remarca la entidad, el precio actual es un 1% inferior al alquiler de hace 12 años, época de plena burbuja inmobiliaria.
La Cambra entiende que hay factores que explican la "tendencia de un ligero aumento de los alquileres y de un mantenimiento de la contratación" en la ciudad que no son atribuibles a una burbuja. Comenta que "el mantenimiento de sueldos bajos" impide a las familias adquirir una vivienda, pero afirma que cuando la ciudadanía vuelva a tener confianza en el trabajo y un sueldo digno que le permita ahorrar, bajará la contratación de alquileres y, con ello, los precios.
Otras de las variables importantes es el papel de la banca, que hoy por hoy no ofrece rentabilidad a los depósitos. La entidad cameral afirma que esta falta de retribución provoca que pequeños inversores compren viviendas para alquilar.
La visión de los partidos
La concejal de Vivienda, Lluïsa Melgares, coincide en que no hay una burbuja en el mercado del alquiler, pero sí un incremento de precios sobre el que es necesario actuar con políticas púbicas, como las que pueden derivarse del índice de referencia creado por la Generalitat.
Los grupos de ERC y TEC, en su propuesta de resolución, discrepan de la Cambra y señalan que "la tendencia al alza de los precios es evidente" y la demanda de ciudadanos que huyen de los precios de Barcelona o Sant Cugat acaba revirtiendo en el mercado local de alquiler. Por lo tanto, entienden estos partidos, las administraciones públicas deben actuar porque "no se puede estar pasivo ante un fenómeno inflacionista de un mercado que afecta a un bien básico como es el acceso a la vivienda".
