El equipo de gobierno quiere poner freno al efecto llamada que suponen los tres mil pisos que los bancos mantienen vacíos en la ciudad y las ayudas sociales vinculadas a la vivienda que otorga el Ayuntamiento. Así lo expresan la concejal de Vivienda, Lluïsa Melgares, y el alcalde, Jordi Ballart, que admiten que las ocupaciones "de mala fe" son un "problema" en Terrassa.
La concejalía de Vivienda tiene conocimiento fehaciente de que hay 1.200 inmuebles de grandes tenedores que están ocupados ilegalmente. En ellos residen familias en situación precaria que han sido expulsadas de sus pisos por no pagar la hipoteca o el alquiler o que no han podido acceder a un piso. La mayoría de estas personas "no genera problemas de convivencia". Las que más preocupan ahora al Consistorio son las personas que se comportan de manera incívica. Se calcula que este tipo de ocupaciones que malmete el entorno y deteriora la convivencia representan el 30% de las 1.200 ocupaciones, es decir, 360.
Mafias de venta de llaves
La existencia de estos datos o, siendo más precisos, el hecho de que el equipo de gobierno quiera hacerlos públicos supone todo un giro en el discurso imperante dentro del bipartito. En noviembre del año pasado, al discutirse en el pleno una propuesta de C’s "en defensa de los afectados por ocupaciones incívicas", Melgares aseguraba que en Terrassa no había mafías que se dedicasen a comerciar con pisos de otros. Concretamente dijo que "no hay un problema de mafias de venta ilegal de llaves". Ahora, en cambio, admite que sí lo hay. Hace "alrededor de seis meses", comenta, que se ha detectado que "tenemos un problema con las mafías" y que la incidencia de estos casos "se ha disparado".
Según explica la edil hay distintos tipos de trapicheos con los pisos de las entidades financieras. Por un lado hay grupos organizados que se dedican a abrir las viviendas y cederlas a terceros a cambio de una cantidad económica. Pero también hay empresas -"probablemente vinculadas a los propios bancos", señala la edil socialista- que vienen a recuperar ciertos inmuebles ocupados que tienen posibilidades en el mercado, a cambio de dar dinero a los ocupantes para que se vayan a otro sitio. Se van, sí, pero "a ocupar de nuevo", indica Melgares.
Muchas de estas personas, se queja la edil, no son de Terrassa y no tienen vínculos con el barrio en el que se instalan. Tampoco intención de mantener una buena convivencia con sus nuevos vecinos ni de integrarse en la comunidad. En estos casos, los conflictos se agravan."Es una preocupación que debemos afrontar", admite.
La lentitud de la administración
Hay un "efecto llamada", reconoce, por los miles de pisos vacíos que existen en la ciudad. La responsabilidad, prosigue, también es de la Administración, "que no responde a la necesidad de vivienda que tienen muchas familias con la rapidez que requiere el problema". Conceder un piso a una familia está condicionado, además de a la falta de un parque público de alquiler asequible, a realizar con ella un trabajo social y a completar una tramitación que requiere tiempo de espera. Tiempo que muchas familias no tienen.
Además de los problemas de seguridad que pueden ocasionar las ocupaciones, por tener pinchadas la luz, el gas o el agua, las incívicas, además, ocasionan serios conflictos de convivencia. "Recibimos muchas quejas de vecinos porque estas personas no quieren integrarse y dificultan la vida en comunidad", señala la socialista.
El Ayuntamiento está intentando frenar las ocupaciones. Se ha establecido un protocolo en la Policía Municipal para estar alerta, se ha explicado a las comunidades que avisen en cuanto tengan conocimiento y se notifica rápidamente a los propietarios de esos inmuebles, que suelen ser grandes tenedores, para que busquen una solución ya que "el problema lo ocasiona el propietario que abandona su vivienda".
El Ejecutivo local quiere regularizar la situación de quienes ocupan por necesidad y mantienen un buen entendimiento con los vecinos. Las multas a los bancos con pisos vacíos para forzarles así a cederlos a la bolsa municipal o a ponerlos en alquiler sigue su curso. La nueva vía que pretende iniciar Melgares es la que contempla la ley catalana aprobada en diciembre del año pasado: la de la expropiación temporal.
La concejal asegura que ya se hna puesto en contacto con algunas entidades bancarias para requerirlas a que ocupen las viviendas e informarlas de la intención del Consistorio. Este paso ha dado como resultado algunas reuniones, como con BBVA, para formalizar convenios de cesión. Ésa es la prioridad, asegura Melgares, porque sería una vía más rápida y barata que las expropiaciones. Aún así, si no hay acuerdo, el equipo de gobierno está decidido a quitarle a los bancos sus propiedades.
El objetivo es conseguir 600 inmuebles para alquiler social en tres años, a razón de 200 por año. La operación se financiaría al 50% con la Generalitat. A estas alturas, sin ningún expediente en marcha, se antoja complicado conseguir la meta. De momento, la concejalía tienen "muy avanzados" 22 expedientes de expropiación. 14 de estos pisos están ubicados en Montserrat, un barrio "especialmente" perjudicado por las ocupaciones y las viviendas vacías, explica. Los otros ocho pisos que se prevé expropiar están diseminados por la ciudad.
El barrio de Montserrat
Desde la asociación de vecinos de Montserrat están muy molestos con el Ayuntamiento. Aseguran que en una reunión que mantuvieron representantes del distrito 2 con la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, a la que también asistió Melgares, se acordó que se empezarían las expropiaciones por todas las viviendas vacíos y ocupadas de Montserrat, a modo de prueba piloto. El presidente de la asociación de vecinos, Antonio Cazorla, se queja de que ahora "parece que sólo se expropiará el 25% de las viviendas vacías del barrio" y el resto del dinero irá a parar a otras zonas de Terrassa.
"Seguro que hay otras zonas que tambien lo necesitan, pero no es justo que amplíen el programa a costa de Montserrat", critica Cazorla. Entiende que el Ayuntamiento "está asumiendo como éxito propio" el resultado de una lucha encabezada por el distrito y por el barrio de Montserrat, en particular.
