El superávit del presupuesto de 2016 está empezando a dar las primeras alegrías al Ejecutivo local, que podrá, tras el visto bueno del Gobierno, destinar una parte importante de estos recursos a realizar inversiones. En total, se inyectarán 3,7 millones de euros en obras de mantenimiento urbano, en conservación del entorno natural y en mejoras del patrimonio inmobiliario. Los expedientes que permitirán poner en marcha el procedimiento de licitación y ejecución de los trabajos fueron aprobados en el pleno de la pasada semana con los únicos votos a favor del equipo de gobierno (PSC-PDeCAT), la abstención de TeC, ERC y C’s y el voto en contra del PP y la CUP.
La liquidación del presupuesto del año pasado se saldó con 12,1 millones de superávit, fruto de la obtención de mayores ingresos de los previstos y una reducción de los gastos. Una mezcla de "austeridad y rigor", en palabras del concejal de Hacienda, Alfredo Vega. En abril ya se destinó 1,2 millones de estos remanentes a reducir los préstamos contraídos con los bancos, atendiendo así a la ley de estabilidad presupuestaria, que establece que los superávits deben ir a enjugar el endeudamiento municipal.
"Inversiones sostenibles"
El Gobierno también permite que parte de estos recursos vayan a las llamadas inversiones financieramente sostenibles (IFS), aquellas que tras su ejecución no implican un gasto añadido para próximos ejercicios. A este tipo de obras son a las que se destinarán 3,7 millones en los próximos meses. Pero, la libertad de los municipios no sólo está restringida en cuanto al tipo de proyectos que pueden llevarse a cabo, sino también a su duración. Las IFS deben estar licitadas a 31 de diciembre del año en curso (es decir, de este 2017) y también prácticamente ejecutadas.
Esta vez, sin embargo, el Gobierno ha dado un ligero alivio ya que algunos proyectos podrán alargarse durante 2018, por lo que el bipartito tiene intención de llevar al pleno de este mes de julio otro paquete de inversiones que verán la luz durante el próximo año.
De momento, los proyectos aprobados ascienden a 3,7 millones. Vega señaló que los requisitos impuestos por el Ministerio de Hacienda "limitan" la autonomía municipal: "Nos gustaría que el pleno pudiese determinar cuáles son las necesidades prioritarias de la ciudad y, por tanto, el destino del superávit". El ministerio, dijo, "impone unas normas" que obligan al Ayuntamiento a invertir en ámbitos que "son necesarios, pero quizás no prioritarios".
El bipartito ha dividido estos 3,7 millones en tres paquetes de inversiones. El primero de ellos es el destinado a una regeneración y mejora del espacio público, tanto de calles y parques, como de jardines. La partida más importante de este conjunto de obras son los 2,2 millones que irán para reasfaltar distintas vías de la ciudad. El concejal de Hacienda admite que durante los años de crisis, los servicios sociales y la "necesidad de enjugar la deuda" centraron "los esfuerzos presupuestarios" del Consistorio, lo que ha acabado resintiendo el mantenimiento de la ciudad que ahora se pretende revertir.
El segundo paquete de inversiones será para mejorar el entorno natural, principalmente la Anella Verda. Vega subraya que "Terrassa tiene un entorno natural de gran riqueza que debe conectarse mejor con la trama urbana y ordenarse parar facilitar el uso público que se hace de estos espacios y garantizar su conservación".
Reformas en escuelas
En el tercer bloque se incluyen proyectos de reforma del patrimonio inmobiliario. El Ayuntamiento quiere adecentar algunos equipamientos (como casales y centros cívicos), edificios de distintos servicios municipales y centros educativos. La partida para realizar reformas en estos últimos asciende a 110 mil euros e incluye actuaciones en escuelas infantiles, la escuela de la Llar, la escuela de educación especial Fàtima y el Conservatorio de Música.
Una vez invertidos estos 3,7 millones, aún seguirán quedando otros siete millones de remanentes. Vega asegura que intentará "arriesgar" y llevar al pleno de finales de mes otro expediente para destinar seis millones a más inversiones financieramente sostenibles. Quizás no pueda ser tan ambicioso ya que ese gasto extra puede penalizar al Ayuntamiento y limitar el crecimiento presupuestario en 2018 debido a los requisitos impuestos por la ley de estabilidad. El superávit que no pueda consignarse a proyectos de obras irá, de nuevo, a reducir deuda. La previsión es que al finalizar el año, los créditos se reduzcan hasta situarse en 149 millones.
