La participación ciudadana fue la gran protagonista del pleno del jueves. Antes de que la comisión de las rieras recibiese el respaldo de los partidos políticos, la PAH y la Taula de l’Aigua también obtuvieron la complicidad de los grupos en la defensa de dos derechos básicos: el acceso al agua y a la vivienda.
La PAH acudió para reclamar el apoyo a la Ley de Vivienda que quiere presentar en el Congreso a la vuelta de vacaciones. La plataforma denunció la "catástrofe social" que significan "los desahucios, las deudas impagables, familias empobrecidas, menores y gente mayor viviendo sin luz o agua, millones de viviendas vacías y centenares de miles de familias sin vivienda". Reclamó el apoyo de los partidos a las cinco demandas que contiene la ley que quieren impulsar: dación en pago retroactiva, alquiler asequible, una moratoria en los desahucios, ampliar el parque de vivienda social y garantizar el acceso a los suministros básicos.
La concejal de Vivienda, Lluïsa Melgares, dio la razón a la PAH y apoyó sus demandas. Aseguró que "el Ayuntamiento de Terrassa, el único que realmente está multando a los bancos (con pisos vacíos)", continuará con la sanciones e impulsará la expropiación temporal. La edil también quiso sacar a debate "el problema que suponen las ocupaciones incívicas" para asegurar que el Consistorio "no las tolerará". La edil aseguró que "hay gente que viene a Terrassa sólo para ocupar una vivienda" y eso "no puede ser". Afirmó que Terrassa está recibiendo las consecuencias de la llamada gentrificación: "Se está expulsando a gente pobre de Matadepera, Sant Cugat y Barcelona, que vienen a ocupar pisos a la ciudad".
La Taula de l’Aigua acudió para entregar al pleno las ocho mil firmas recogidas a favor de la gestión pública del agua, proceso en el que está inmerso el Ayuntamiento. La entidad aprovechó su intervención para pedir que esta remunicipalización suponga la creación de un consejo ciudadano del agua con carácter consultivo en la toma de decisiones para velar por el derecho de acceso de los ciudadanos a este "bien básico que no puede ser tratado como una mercancía más".
El concejal del Agua, Alfredo Vega, explicó que el expediente administrativo que debe fijar el modelo de gestión está ya en "la fase final". La decisión hacia la municipalización es firme, dijo, pero el proceso "debe hacerse con rigor". El edil compartió la premisa de que es necesario "una nueva cultura del agua", pero queda mucho por debatir sobre ese asunto: "No podemos prescindir del conocimiento de la rica sociedad civil, pero debemos limitar los ámbitos de responsabilidad".
