El próximo 1 de octubre, el Govern de la Generalitat llamará a los catalanes a pronunciarse sobre si quieren que Catalunya se convierta en un Estado independiente. Y el alcalde, Jordi Ballart, asegura que el Ayuntamiento "no impedirá" tal consulta, pero "acatará" lo que diga el secretario municipal respecto a la legalidad o no de la convocatoria y a la conveniencia de ceder espacios municipales para votar.
Ayer, el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció que tiene intención de convocar para el próximo 1 de octubre el referéndum unilateral sobre la independencia de Catalunya, con la pregunta: "¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de república?". El presidente hizo el anuncio en una declaración institucional solemne en el Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, acompañado por el vicepresidente, Oriol Junqueras, y arropado por el resto de miembros del Govern, por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por los miembros soberanistas de la Mesa y por los diputados de Junts pel Sí y de la CUP.
En su declaración, Carles Puigdemont destacó que, "en ejercicio del legítimo derecho a la autodeterminación que tiene una nación milenaria" como Catalunya, convocará el referéndum para el 1 de octubre, con papeletas en catalán, castellano y aranés, y aseguró que el ejecutivo de la Generalitat "se compromete a aplicar" el resultado que arrojen las urnas.
Como no podía ser de otra forma, el anuncio provocó reacciones en el mundo local. El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, remarca que el de ayer "es un acto político más del proceso, sin efectos jurídicos", pero que el Consistorio de Terrassa sigue "sin disponer de información sobre cómo se quiere hacer el referéndum". Jordi Ballart lamenta "las presiones" a las que están sometidos los ayuntamientos, mientras que "nada" saben del desarrollo de la consulta, por lo que lo primero que exige es "información, saber qué hacer, cuál es el camino".
A pesar de esta desinformación sobre las leyes que se están redactando para regir el proceso, afirma que no tiene intención de poner trabas a la consulta: "La voluntad política de este alcalde no es impedir el referéndum", señala. Ahora bien, sobre la cesión de edificios municipales para la consulta o sobre el papel concreto que desarrollará el Ayuntamiento, acatará el informe que, está convencido, redactará el secretario municipal: "Si hay dudas legales, el secretario realizará un informe, se lo pida yo o no, para saber en base a qué se convoca el referéndum", explica el primer edil. Si el informe es "negativo", reconoce, deberá acatarlo porque está "obligado" a hacerlo.
90 espacios de la Generalitat
Ballart insiste en que el Govern no necesita de la colaboración municipal para llevar a cabo sus planes. "Si la Generalitat quiere hacer el referéndum, en Terrassa podrá hacerlo. Es propietaria de 90 espacios repartidos por toda la ciudad donde se podría votar", subraya.
Terrassa en Comú (TeC) cree que el Govern está "exigiendo demasiado" a instituciones como los ayuntamientos en un proceso que no lideran ni del que tampoco saben cómo será. "Lo mejor que puede hacer el Ayuntamiento es esperar a conocer exactamente de qué se trata", comenta Xavier Matilla, portavoz municipal de TeC. El líder de los comunes considera que el anuncio de la fecha y de la pregunta de ayer "no implica ninguna novedad" ya que "lo más importante es saber si el Govern seguirá trabajando para hacer una nueva consulta (como la del 9-N) o bien un referéndum efectivo". Para que sea efectivo, prosigue, debe "apelar a la mayoría, no solo a una parte", ser "reconocido internacionalmente" y "que pueda ser aplicable".
Matilla afirma que su grupo municipal y Catalunya en Comú defienden el "derecho a decidir" y admite que la demanda de un referéndum "es mayoritaria" en Catalunya, pero eso "no quiere decir" que se esté de acuerdo con la "hoja de ruta y el calendario" del Govern.
Para Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el aviso de ayer es el "cumplimiento de un compromiso", el del Govern de la Generalitat, que fue "escogido para llevar a este país a votar". Ahora "ya hay pregunta, clara y binaria", comenta. "Ninguna sorpresa", por tanto, respecto a lo prometido.
De ahora en adelante, hasta la fecha del referéndum -de cuya celebración está convencido-, el portavoz municipal de Esquerra, Isaac Albert, indica que lo importante es lograr la implicación de los egarenses, por lo que hace un "llamamiento a que la ciudadanía se sienta partícipe y comprometida" con la consulta.
El líder republicano reclama "que la ciudad no mire desde la distancia los momentos trascendentales que vive el país, sino que sea protagonista". Históricamente, reflexiona, Terrassa "ha vivido de espaldas al país", influida por el papel ejercido por el PSC, que "no entraba" en este tipo de debates.
Implicación
Sobre la implicación del Ayuntamiento en la celebración del referéndum, le pide "que no haga más ni menos de lo necesario, simplemente que se ponga a disposición de lo que decida el Parlament de Catalunya". Albert subraya que "el país y esta ciudad han luchado mucho para poder votar; ahora, no podemos menospreciar la oportunidad de hacerlo". La ciudad, prosigue, "no puede dimitir de tener un papel protagonista". Isaac Albert afirma que la diferencia de esta convocatoria respecto a la consulta del 9 de noviembre de 2014, es que "el Govern de Catalunya aplicará el resultado".
Javier González, portavoz municipal de Ciutadans, opina que el Govern "quiere lanzar a Catalunya al abismo" con el anuncio de un referéndum que "no cuenta con una mayoría social, así lo reflejan las últimas elecciones al Parlament". Ciutadans pide a Puigdemont que convoque elecciones para que la población se pronuncie.
En Terrassa, el partido acusa al alcalde de "engañar a su electorado" y de "no decir nada" cuando deja su decisión sobre la apertura de los colegios en manos del secretario municipal: "El secretario se atendrá a la legalidad y este es un referéndum ilegal, de manera que las palabras de Ballart son vacías. Con un sí o sí, hubiera dicho algo, pero con un sí o no, no dice nada".
En la CUP están "muy contentos de que se fije fecha y pregunta". Ahora, dice, "necesitamos toda la presión de la calle para que el referéndum sea efectivo, participativo, vinculante moralmente". Si finalmente la consulta se sitúa en el terreno de la ilegalidad y "hay que recurrir a la desobediencia, la CUP estará para hacerlo posible".
El PP está convencido de que el referéndum "no se celebrará". "Tengo plena confianza en que se cumplirá el Estado de Derecho, en que las instituciones funcionarán y en que también las instituciones catalanas acatarán la ley", sostiene Álex Rodríguez, portavoz del PP en Terrassa. El edil considera que el referéndum no se hará "no porque el PP no quiera, sino porque no pueden ponerse en marcha acciones ejecutivas para llevarlo a cabo, porque es contrario a la ley y a lo dispuesto en resoluciones europeas". La fecha escogida, afirma, es la que es para "poder celebrar elecciones autonómicas antes de Navidad".
Miquel Sàmper, portavoz municipal del PDeCAT, subraya que la convocatoria es "la consecuencia lógica de un proceso imparable una vez agotadas todas las vías de diálogo contra un muro".
