Los alcaldes de la comarca quieren que en el Vallès Occidental ningún trabajador cobre menos de 1.071 euros brutos al mes, lo que se traduce en 15 mil euros al año. Su voluntad choca con las limitaciones competenciales y las herramientas legales de las que disponen, por lo que se han propuesto "dar ejemplo" y tratar de influir en el sector privado para que más pronto que tarde este índice sea también el de referencia en las negociaciones colectivas.
Después del demoledor informe comarcal que señala que el 22% de la población vallesana vive en situación de pobreza y que el 27% de los trabajadores también son pobres ya que cobran menos de 12 mil euros al año, el Consell d’Alcaldes del Vallès Occidental se reunió ayer para aprobar medidas que reviertan esta situación. La iniciativa más destacada es la de establecer un "salario mínimo comarcal" de 15 mil euros brutos anuales (1.071 euros al mes en 14 pagas). Esto se traduce en que los ayuntamientos y el propio Consell Comarcal se han comprometido a aplicar esta referencia en las retribuciones de sus trabajadores e incorporar esta exigencia en las bases para la contratación externa de servicios públicos. Se trata de "dar ejemplo", explicó el presidente del Consell Comarcal, Ignasi Giménez. "No puede haber ningún trabajador de la administración pública, ni siquiera a través de los planes de ocupación que cobre menos de 1.071 euros al mes".
En concursos y sector privado
La Diputació de Barcelona redactará un informe que dé garantías a los ayuntamientos a la hora de aplicar este requisitio en las licitaciones de servicios. Giménez se comprometió a incluir este umbral en la futura contratación del servicio de ayuda a domicilio y en el del transporte escolar, a pesar, advirtió, de que esto suponga que las administraciones "tendrán que pagar más por el servicio".
Conscientes de que "esta nueva clase social preocupante", como son los trabajadores pobres (el 27% de todos los empleados de la comarca) no se encuentra en la administración pública, los alcaldes trasladarán este acuerdo a sindicatos y patronal para que lo tengan en cuenta en el marco de las negociaciones colectivas. De hecho, ayer, en la reunión, estuvieron presentes los representantes de CCOO y UGT en la comarca. "Debemos ser capaces de poder explicarlo más allá del ámbito municipal", señaló Giménez, quien explicó que este asunto se tratará en la próxima reunión de la mesa que realiza el seguimiento del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental, firmado en 2015.
La propuesta para hacer frente a la "pobreza estructural y severa" que padece la comarca incluye otras medidas. Una de ellas es la de solicitar a la Generalitat estar presentes en la comisión que evaluará e implementará la renta garantizada de ciudadanía.
Los alcaldes también encomendaron varios encargos a la comisión mixta de observación de las desigualdades en la comarca (formada por ayuntamientos, Caritas y Creu Roja). Este grupo, explicó Mercè Conesa, alcaldesa de Sant Cugat y presidenta de la Diputació, deberá establecer criterios de acceso a las ayudas sociales lo más homogéneos posibles en los distintos municipios de la comarca con la idea de avanzar hacia unos requisitos comunes. Se trata de "poner en común los distintos tipos de ayudas sociales que hay en la comarca y ser capaces de ordenar los baremos de acceso", además de introducir nuevos criterios de reparto, como la renta media de la población.
